Las normas de la administración electrónica española definen la actuación administrativa automatizada como cualquier acto o actuación realizados de forma íntegra a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Ya estaba contemplado en la derogada ley 11/2007 y actualmente se regula en el artículo 41 de la ley 40/2015. Dentro del ámbito de la Administración de Justicia, la ley 18/2011 define la actuación judicial automatizada como aquella actuación judicial producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física e incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.
De todas estas definiciones podemos ver que se refieren a actuaciones o actos que emanan de una Administración Pública regulados en un procedimiento administrativo o judicial, y que son resueltos por un programa informático sin ninguna intervención humana.
Podemos intuir la gran importancia que tendrán en los actos automatizados la calidad de los datos y la definición del algoritmo resolutorio (y especialmente si se trata de un algoritmo con mecanismos de aprendizaje). Al tratarse de actuaciones de Administraciones Públicas estos algoritmos deberán de estar regulados en alguna normativa previa aprobación y con la revisión de los comités u organismos necesarios.
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