Vivimos una época de cambios acelerados. La sociedad se enfrenta a nuevos y variados desafíos. Aspectos como el crecimiento insostenible, el cambio climático, el aumento de la desigualdad, la falta y precariedad del empleo, el impacto del desarrollo tecnológico y la extensión de la corrupción o el relativismo, son algunos de los problemas que ya están siendo experimentados por una población que termina viendo afectada su confianza. A estos problemas mencionados se une también una preocupante desafección política que pone en cuestión el funcionamiento de la democracia y sus instituciones, y que tiene efectos directos en las administraciones públicas.
Actualmente los problemas son más complejos y hacerles frente requiere de nuevas aproximaciones y de la involucración de toda la sociedad. El compromiso internacional por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lleva aparejada la posibilidad de construir el futuro de forma colectiva dando respuesta a los desafíos que se plantean.
El contenido, la amplitud y la transversalidad de los ODS, conforman un marco de demanda estructurado por parte de la sociedad global que tiene su reflejo en la sociedad nacional y local. Esta demanda requiere un reposicionamiento de la Administración a todos los niveles para poder satisfacerla adecuadamente. En este sentido, la Agenda 2030, por su naturaleza, tiene capacidad para conformarse como un elemento que aporta significado a la finalidad de la Administración.
La Agenda 2030 se basa en el convencimiento de que los procesos de desarrollo sostenible están asociados a ámbitos territoriales y a las dinámicas e interconexiones que se dan en estos espacios. Así, la Agenda 2030 entraña una corresponsabilidad local derivada de los desafíos de carácter global, en una interacción que se da en ambos sentidos. La localización de la Agenda en un territorio conlleva promover transformaciones que tendrán un impacto global, de la misma forma que los fenómenos transnacionales tienen repercusiones en el nivel local.
Muchos ayuntamientos, tanto españoles como de otros países, han expresado ya su compromiso con la Agenda de Desarrollo 2030, así como con la Nueva Agenda Urbana, encontrándose envueltos en mayor o menor medida en un trabajo de redefinición de políticas y planes para implementar el proceso e integrar así ambas Agendas.
De esta manera, las municipalidades se comprometen a contemplar en sus políticas sus principios y valores, trabajando en pro de un cambio de paradigma urbano más sostenible, inclusivo e integrado. La incorporación de los ODS a la agenda municipal contribuye a: 1) facilitar un enfoque integral de las diversas dimensiones del desarrollo sostenible; 2) preservar el enfoque de derechos en las políticas municipales; 3) establecer metas a medio y largo plazo; 4) articular mejor las políticas locales con las regionales y nacionales; y 5) profundizar o consolidar los espacios y mecanismos de participación con la sociedad civil.
Por tanto, los Ayuntamientos que se implican en este proceso con la colaboración de los distintos actores de la sociedad, desarrollan un rol de liderazgo que se traduce en:
- Visión compartida reforzada sobre los objetivos que se desea alcanzar a nivel de la sociedad local.
- Mayor alineamiento de sus planes de desarrollo, estratégicos y sectoriales con la nueva Agenda.
- Políticas reforzadas en su orientación y contribución a los ODS.
- Mejor cobertura de la protección social de los grupos vulnerables.
- Nuevas dinámicas positivas desarrolladas a través de la articulación público-privada.
- Mayor sensibilización e implicación de la ciudadanía en la definición de esta agenda universal.
Si bien los ODS pueden y deben ser promovidos e implantados por todos los actores, las administraciones públicas están llamadas a tener un rol promotor, dado que lograr la integración y el equilibrio social es parte esencial de su misión. Esta es, sin duda, una buena oportunidad para las administraciones públicas de abrirse más y desplegar una nueva forma de relación y construcción colectiva con la ciudadanía.Así, la Agenda 2030 también tiene el potencial de volver a conectar a la ciudadanía con la administración y la política, aumentando la confianza ciudadana en las instituciones, lo que resulta un aspecto clave del funcionamiento de una democracia más sólida. La manera de lograrlo tiene mucho que ver con la participación ciudadana y el fortalecimiento ético, de valores y de compromiso de la acción pública, aspectos que son inherentes a la Agenda 2030.
Por tanto, la Agenda tiene el potencial de promover una cultura local que favorezca la implicación ciudadana en la resolución de los problemas, en estrecha colaboración con la administración. Se trata de una magnífica oportunidad para desplegar una nueva relación con la ciudadanía.
