Balance desolador de la normativa de contratación pública

Juan Alfonso Santamaría Pastor publica un excepcional y crítico artículo en el número 159 de la Revista Española de Derecho Administrativo correspondiente al tercer trimestre de este año (Julio – Septiembre 2013), págs. 25 a 36. El título es bastante sugerente: “La constante e interminable reforma de la normativa sobre contratación pública” y presenta un balance general bastante negativo y desolador. Dos palabras utilizadas por el catedrático del derecho administrativo y abogado para calificar nuestra normativa de contratos del sector público, en un artículo que se lee con facilidad y que sólo está disponible en la edición de papel. Me permito transcribir los tres párrafos finales de las conclusiones, en la página 36, incitando a su lectura calmada. Encontrará en ese número otra buena razón para adquirir o suscribirse a la revista: el brillante artículo del catedrático de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú, titulado “Las nuevas directivas-cuarta generación- en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública”, págs. 39-106.

Pero volvamos a las conclusiones de Santamaría Pastor: 

La evolución acelerada de la normativa de contratos públicos ha seguido una senda de continuo incremento en extensión y complejidad, generando unos cuerpos legales enormes, confusos e inextricables en el que muy pocos saben orientarse. Ello ha llevado a consecuencias disfuncionales sumamente graves: la creación de un ambiente de inseguridad jurídica, la eliminación virtual de la jurisprudencia como fuente de interpretación y de cobertura de lagunas y, sobre todo, la aparición de niveles crecientes de incumplimiento y desconocimiento de la normativa, con el riesgo asociado, para los gestores públicos, de ser imputados por supuestos delitos de prevaricación.

Y, en contrapartida, esta legislación no ha logrado un grado de consecución mínima de los objetivos que supuestamente ha perseguido: no ha conseguido crear un auténtico mercado único de compras públicas; no ha disminuido un ápice el nivel de corrupción; no ha logrado más que muy parcialmente la unificación de regímenes jurídicos; y; desde luego, no ha agilizado los procedimientos de contratación, sino todo lo contrario.

En definitiva, la historia de la legislación de contratos públicos es la crónica de un completo fracaso. Hemos creado, para alojar el mercado de compras públicas, un hogar enorme e inhóspito, incómodo, constrictivo y complicado de entender y gestionar, rasgos que explican, aunque no justifiquen, los intentos de salirse del mismo; y; para mayor pesimismo, un hogar que se ha terminado convirtiendo en una suerte de establecimiento penitenciario, donde son severamente abortados todos los intentos de fuga, y que no tiene perspectiva alguna de desaparecer, porque ello requeriría que las instituciones comunitarias reconociesen su fracaso en una política en la que han puesto tanto empeño.

Martín M.ª Razquín Lizárraga, Catedrático de Derecho Administrativo Universidad Pública de Navarra, realizaba un juicio menos severo en un artículo de la Revista de Administración Pública número 186, Septiembre/Diciembre del año 2011, titulado La Ley de Contratos del Sector Público: balance crítico, aplicación y novedades, en especial, para los entes locales, en descarga libre. Una valoración general de la LCSP que, en su opinión, “no puede desconocer sus aspectos positivos” pues constituye una norma completa que se adapta al Derecho comunitario y perfecciona algunos puntos de la contratación administrativa que precisaban de modificación. Pero también le ofrece aspectos negativos concretos esta ley, como “pivotar de forma excesiva sobre la gran distinción entre contratos SARA y no SARA” o estar pensada principalmente para las Administraciones públicas de tamaño grande o mediano “pero que ofrece importantes carencias respecto de la Administración local” donde, lo más común son los contratos no SARA y las figuras del contrato menor o del procedimiento negociado sin publicidad.

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