El gasto farmacéutico de la Sanidad pública

El gasto sanitario en España, según los datos presentados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el informe de ESTADÍSTICA DE GASTO SANITARIO PÚBLICO 2012: Principales resultados, de abril de 2014, alcanzó en el año 2012 la cifra de 64.150 Millones de euros, lo que representó en 6,2% del PIB.
 
Al estar las competencias en materia de sanidad prácticamente transferidas en su totalidad a las Comunidades Autónomas, éstas ejecutaron en el año 2012 el 92,1% del gasto sanitario, es decir 59.092 millones de euros. De dicho importe, 10.225 millones de euros fueron en gasto farmacéutico, es decir el 5,71% del PIB nacional.
 
Si bien es cierto, tal y como en dicho informe expresan los datos de su Tabla 3, que el gasto farmacéutico entre los años 2009 a 2012 ha tenido una reducción del 20,1% (el 21,3 para el conjunto del total del gasto sanitario), no se hace una explicación sobre a qué ha sido debido, si a una mejor y más eficiente gestión de las compras o si han sido por recortes en las prestaciones. En este punto que cada uno que sea libre de conjeturar dónde se «mete la tijera».
 
Ahora, según el artículo publicado en [elEconomista.es](del 5/11/2014, que se reproduce a continuación) se están preparando nuevos límites de gasto farmacéutico, de manera que éste no crezca por encima del porcentaje de variación del PIB, y que afectará, también, a los productos o medicamentos innovadores.
El Gobierno ultima un techo para que el gasto farmacéutico no crezca más que el PIB.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado que están trabajando con el Ministerio de Sanidad para fijar un techo al gasto farmacéutico de las comunidades para que no crezca más que el PIB de España, y reconoce que también incluirá a los productos o medicamentos innovadores.

Montoro ha reconocido que ya llevan varios meses trabajando en dicho mecanismo para que «esté cuanto antes». «El gasto que más tensiona a las comunidades es el gasto de sanidad, es lo que hace que tengan problemas para reducir su déficit público, por lo que hay que actuar sobre él», ha señalado.

Dicho techo de gasto pretende que la partida destinada por las comunidades a la compra de medicamentos «no crezca por encima de lo que crezca la economía en España», para lo que asegura que cuentan con el compromiso de la industria.

Incluir la innovación tecnológica

Además, Montoro considera necesario que en dicho techo de gasto quede también incluida la innovación tecnológica, y ha reconocido que su incorporación no tiene que encarecer el coste de los servicios públicos, ya que «si salen nuevos productos de más calidad, esos tienen que entrar en el techo de gasto sustituyendo a otros de menos calidad».

Del mismo modo, también ha avanzado que trabajan en programas de colaboración público-privada para que los proveedores del SNS puedan financiar una parte de las inversiones y las administraciones establezcan un sistema de pagos que se enmarque en sus presupuestos.

Por otro lado, el titular de Hacienda también ha hecho referencia a la deuda que han ido acumulando en los últimos años los proveedores del SNS, que ha sido resuelta en parte a través del Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica impulsados por el Gobierno. Mecanismos que, como ha recordado Montoro, han permitido en tres años destinar 52.000 millones de euros «a financiar la sanidad pública».

Mutualización de la deuda de las CCAA

Pese a ello, ha reconocido que continúan trabajando en nuevos mecanismos de «mutualización de deuda» para garantizar que las Administraciones autonómicas que siguen teniendo deuda con sus proveedores puedan «financiarse a través del Tesoro Público».

De hecho, ha avanzado que este sistema «va a quedar cerrado este mes» para conseguir que las autonomías «paguen las facturas en plazo». «No vamos a dejar caer a ninguna comunidad», ha insistido.

De hecho, el presidente de Fenin, Daniel Carreño, ha recordado que las comunidades siguen manteniendo una deuda con las empresas de este sector se ha reducido en el último año pero todavía supera los 1.300 millones de euros, mientras que el plazo medio de pago está en 191 días. «Se ha producido un avance significativo, pero todavía queda camino por recorrer», ha recordado.

El presidente de Fenin también ha insistido en que «no se debe permitir una vuelta atrás» y ha ofrecido su voluntad de «trabajar conjuntamente» para «superar la situación» y «garantizar la incorporación de tecnología», sobre todo en un momento actual en el que hay un «notable incremento de la obsolescencia tecnológica».

 
 
 
 
 
 
 

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Las preguntas son:
 
1º ¿Es razonable sustituir medicamentos de diferentes calidades solo porque se atiende a criterios puramente de oportunismo económico?, porque puede suceder que con los productos innovadores y de mayor calidad se estén «matando moscas a cañonazos», como vulgarmente se dice. A lo mejor no es lo más eficiente suministrar al paciente un producto con el que no obtiene en la terapia una utilidad marginal adicional, solo porque es de “más calidad e innovador”.
2º ¿Realmente se espera la colaboración leal de la industria cuando se le deben 1.300 millones de euros con un coste financiero[1] que podría estimarse en más de 25 millones de euros?

3º Si se está trabajando en programas de colaboración público-privada para proteger a la industria e incentivar el nivel de inversión en I+D+i, ¿por qué no se utiliza la auditoría de contratos para fijar el precio razonable que compense el coste realmente incurrido y retribuya a la industria con un beneficio razonable que tenga en cuenta también el calendario de pagos, que incluya el de la deuda actualmente contraída, el valor y el riesgo asumidos?
4º Y la industria farmacéutica ¿en realidad qué espera de todo esto?
 
Mucho me temo que seguirá pasando lo que hasta ahora [2], es decir que:

1º se sacarán a licitación el suministro, mediante un procedimiento abierto, dividido en los lotes de medicamentos que cada Servicio de Sanidad autonómico determine, estableciendo como criterio de adjudicación principal, por no decir el único, el del precio ofertado,
2º que luego, entre un 20%-30% del total licitado quedará sin adjudicar en el procedimiento abierto, ya sea porque, principalmente, no han existido ofertas o éstas superaban el importe máximo de licitación, o por otras causas,
3º que los productos no adjudicados serán, precisamente, los de mayor calidad y los más innovadores, siendo éstos posteriormente adjudicados en procedimientos negociados, y
4º la industria farmacéutica encantada, porque los costes financieros de la deuda que se mantiene con ella los van a repercutir entre todos los productos, sí o sí; y los acuerdos que está alcanzando con el gobierno le garantizan una cifra de negocio anual equivalente al 1% del PIB, y una cesta de ventas en la que cada vez tendrán más peso aquellos productos que tienen mayor margen de contribución para ellos, es decir los más rentables, y que son, precisamente, los denominados de «calidad» e «innovadores» que irán expulsando, según el sistema acordado por el Ministerio y la industria, a los pruductos ya «maduros», de menor margen de contribución, que son adjudicados en procedimientos abiertos y que todavía son útiles y eficaces.
 
Luego, como conclusión, mucho me temo que volvamos a ver un fracaso en el procedimiento de la compra de los medicamentos para la Sanidad pública, con escaso cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y transparencia. Porque de lo que se trata, por encima de otras consideraciones, es mantener el gasto farmacéutico en el 1% del PIB y de fijar un tope a su crecimiento, incluidas recetas y medicamentos hospitalarios, y que incluya también la financiación de medicamentos innovadores (los más rentables económicamente), para proteger el tejido industrial farmacéutico y sus inversiones en I+D+i.

 

    

Por ello, considerando también junto a los intereses de la industria los de otros elementos que también deben ser protegidos, para que no se produzca un abuso por parte de la industria farmacéutica, con más razón se debería someter a la auditoría de contratos las adquisiciones de medicamentos «innovadores» o de «mayor calidad», que no me equivocaré mucho si anualmente las compras agregadas de los diferentes servicios de sanida autonómicos superan el nivel de 2.000 millones de euros. La industria debe recibir y ser compensada por los costes realmente incurridos y obtener un beneficio que sea acorde al esfuerzo, valor aportado y riesgo asumido en la investigación, desarrollo y producción de los medicamentos innovadores. Solo con este ejercicio de transparencia y buena gestión se podrá contribuir eficazmente en satisfacer los intreses de todos los usuarios, es decir los pacientes, los profesionales de la sanidad pública, la industria y la Hacienda.

 
1 El periodo de pago medio supera los 6 meses; y suponiendo un coste nominal de la deuda que financia la inversión en el circulante del 4% anual, atender el servicio de dicha deuda tiene un coste diario alrededor de 140.000 euros, o algo más de 25.000.000 de euros equivalentes en medio año. Y todo ello sin contar la parte del coste de los recursos propios, si financiaran en todo o en parte dicha inversión.
2 Véase el análisis sobre el caso del Servicio Andaluz de Salud del contrato de suministros de medicamentos del año 2011 [pinchando aquí]


Original: http://auditoriadecostes.blogspot.com/2014/11/el-gasto-farmaceutico-de-la-sanidad.html
por: Juan Carlos Gómez Guzmán
Publicado: November 6, 2014, 8:03 pm

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