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EL MUNICIPIO ANTE EL RETO PÚBLICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

México está cambiando, México no es el mismo de hace 20 años, y no precisamente porque nos estemos haciéndonos cada día más viejos, con independencia de que el tiempo no perdona, lo rescatable del paso de cronos, es que nos va dejando una serie de experiencias, de vivencias, de aprendizaje, de sabiduría, que nos permiten cambiar, para evolucionar, para transformar sociedades inertes, en sociedades participativas, que exigen estar informadas y que exigen rendición de cuentas.

Al decir de Andreas Schedler, desde tiempos antiguos, filósofos griegos ya pensaban en que lo primero que viene cuando existe una organización social, es el poder, luego la necesidad de controlarlo;  también desde el origen de la idea del poder del Estado, se ha pensado en cómo controlarlo y prevenir sus abusos, partiendo de esta necesidad se formula la rendición de cuentas.

Para este mismo autor, la Rendición de  Cuentas, involucra tres dimensiones: información, justificación y sanción, es decir, obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones.

Estas dimensiones no son un invento o un descubrimiento de nuestra época, esto lo digo si vemos que el antecedente más remoto de la Auditoría Superior de la Federación, es el Tribunal Mayor de Cuentas de España, creado en 1453 cuando las Cortes Españolas expiden las disposiciones  para que se constituya un órgano con funciones de inspección, examen, aprobación y finiquito del manejo administrativo de la Hacienda Real, es decir, el presupuesto del reino.

Al ser ocupada la Gran Tenochtitlán en 1521, una de las primeras medidas de Hernán Cortés fue nombrar ministro tesorero, factor y contador; todos ellos oficiales de la Real Hacienda, a fin de que se encargaran de la recaudación  y  guarda de los quintos reales y partidas de oro, plata, piedras preciosas, alhajas y demás efectos que por disposiciones reales, dominación u otro título, pertenecían al monarca español.

En 1524, el Rey decidió establecer en la Nueva España el Tribunal de Cuentas con el objeto de mantener una constante vigilancia sobre los ingresos que obtenía Hernán Cortés. Este Tribunal revisaba el manejo de los fondos Públicos como medida de protección para los intereses de la monarquía española.

Para destacar la importancia del Tribunal de Cuentas, que constituye el antecedente más remoto y directo de la Auditoría Superior de la Federación, basta señalar que entre las primeras actividades desarrolladas por dicho organismo, está la de haber negado el derecho que Hernán Cortés se adjudicaba, para exigir sesenta mil ducados que decía haber gastado en la Conquista. Las investigaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, culminaron con la acusación que le hicieron a Cortés de ladrón y rebelde[1].

Aquí nos podríamos cuestionar, ¿será que la culpa de que ahora necesitemos la existencia de organismos fiscalizadores, se la debemos a Cortés?

Continuando con las dimensiones que nos menciona Andreas Schedler, por cuanto a la justificación del quehacer y de las acciones tomadas en la administración pública, considero que aquí se centra el meollo de la rendición de cuentas, esta parte me da la oportunidad de hacer un símil que creo es el más apropiado, para explicar por qué los servidores públicos debemos explicar y justificar nuestra actuación.

Supongo que todos los presentes conocen el contrato de mandato, para aquellos que no lo saben, me remito al Código Civil para el Estado de Veracruz, que señala que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.

Si afirmo que este contrato civil tiene mucho que ver con lo que los servidores públicos realizamos, es en primer lugar porque el derecho civil, es el derecho común, el que nos da las pautas de la vida en sociedad, en todos los aspectos, muchas de las nociones de este derecho pasaron con sus correspondientes adecuaciones, al derecho burocrático; y en segundo lugar, desde un punto de vista práctico, estoy seguro que ustedes han escuchados que al Presidente de la República se le denomina, digamos coloquialmente, como el Primer Mandatario de la Nación, no como el primer mandante, sino que se coloca en el lugar del obligado a ejecutar los encargos del mandante, y éste señoras y señores no es más que el Pueblo, el Pueblo es el mandante.

Ahora bien, si observamos lo que el Código Civil establece como obligaciones a cargo del mandatario, con respecto al mandante, tenemos que el primero debe desempeñar su encargo, sujetándose a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo.

Por otro lado, en lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio.

En las operaciones hechas por el mandatario, con violación o con exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del mandante, de daños y perjuicios, quedará a opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo del mandatario.

El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante, de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo debe dársela sin demora de la ejecución de dicho encargo.

El mandatario que se exceda de sus facultades, es responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante y al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que aquél traspasaba los límites del mandato.

El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato.

Como verán, todo esto lo podemos trasladar a las obligaciones a cargo de todos los servidores públicos, obligaciones que ahora se han vuelto una exigencia prioritaria de la sociedad, porque creo que al mandatario se le ha olvidado quien es su mandante, o hace como se le olvida, buscando la forma para evadir sus compromisos adquiridos, que adquirimos todos los servidores públicos desde el momento en que aceptamos vivir del erario público.

Ahora bien, a partir de las dimensiones de la rendición de cuentas y atendiendo al marco constitucional y jurídico existente, todas las administraciones públicas municipales, se enfrentan hoy en día a diversos desafíos, ante el reto de la rendición de cuentas.

La Red por la Rendición de Cuentas ha elaborado un proyecto que ha denominado Programa Especial de Rendición de Cuentas, PERC por sus siglas, que se encuentra en fase de discusión, del cual tomo las ideas para puntualizar los retos a que se enfrentan las administraciones municipales.

El primero es establecer un adecuado sistema de archivos gubernamentales. Los archivos bien organizados y de fácil consulta permiten conocer los antecedentes, las razones y los datos en los que se fundaron las decisiones públicas. La información bien archivada permite saber cómo, por qué, cuándo y quiénes participaron en el diseño e implementación de los programas y políticas públicas. Los archivos constituyen, por lo tanto, el punto de partida para explicar y justificar las acciones públicas, así como para deslindar a los responsables históricos de las mismas.

El segundo reto, es el del acceso a la información pública, éste es parte nodal de cualquier Sistema Integral de Rendición de Cuentas. Es por medio de este componente que se garantiza que los miembros de la sociedad puedan conocer, de forma fácil y oportuna, toda aquella información relacionada con las funciones, responsabilidades y, sobre todo, con las acciones y decisiones de las instituciones de la administración pública, para lo cual deberán consolidar el sistema de acceso a la información en internet, para que sea posible gestionar las solicitudes, recursos de revisión y acceder a información pública de oficio de forma ágil y de fácil comprensión para los ciudadanos; desarrollar portales de información que ofrezcan datos útiles y de fácil comprensión sobre la toma de decisiones y las acciones gubernamentales diarias, que vayan más allá de un simple ejercicio de «comunicación social», y establecer plataformas de internet eficientes para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales, incluso esto muy de la mano con los objetivos del Programa de Gobierno Abierto que impulsa el Gobierno Federal, como uno de sus compromisos internacionales que ha adquirido y que necesariamente tendrá que aterrizar en lo local.

Un tercer reto es el que se identifica con el presupuesto público abierto. El presupuesto se entiende hoy en día sólo como un instrumento del gobierno y no como una herramienta al servicio de los ciudadanos. El presupuesto se ve como un mecanismo para incidir en las condiciones económicas y sociales de un país, para llevar al cabo los planes del gobierno en turno, cuando en realidad el presupuesto es antes que todo un mandato popular: los recursos públicos provienen de los ciudadanos y, por lo tanto, las asignaciones presupuestales deben  reflejar la voluntad popular y no las prioridades particulares de grupos o actores políticos. El ejercicio presupuestal, por su parte, debe conducirse de forma transparente y rindiendo cuentas claras a la sociedad sobre la forma en que dichos recursos públicos se usan.

El cuarto reto es el relativo a los sistemas de compras que debe contemplar por lo menos tres aspectos centrales. Primero, deben basarse en marcos normativos éticos, que fomenten «hacer más con la menor cantidad de recursos públicos«, y que establezcan responsabilidades claras para todos los actores que participen en los procesos de adquisiciones. Segundo, los sistemas de compras deben ser gestionados por servidores públicos profesionales, sujetos en todo momento a los marcos normativos establecidos y evaluados/auditados con frecuencia, para garantizar procedimientos de adquisiciones eficientes e impecables. Tercero, la transparencia de las compras gubernamentales debe fortalecerse con el uso de medios electrónicos y de información, que permitan a los ciudadanos y a los proveedores conocer los procedimientos en curso. Esto contribuye a fomentar la competencia, la transparencia,  la rendición de cuentas y la competitividad.

Quinto reto; la armonización y la máxima publicidad como fundamentos de un sistema de contabilidad que permita acceder en tiempo real a la información       sobre       los       gastos       y       cuentas.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental propuso la creación de un sistema de contabilidad armonizado entre los tres niveles de gobierno, que permitiera conocer y comparar la planeación, programación, presupuestación, control y seguimiento del gasto público. Sin embargo, a la fecha tal sistema sigue sin implementarse en los tres órdenes de gobierno del país. El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) ha realizado un gran esfuerzo por generar las reglas básicas para que los gobiernos locales vayan integrándose en la armonización contable. A pesar de ello, los resultados no han sido homogéneos.

Sexto reto. Garantizar el uso de mecanismos eficaces para monitorear y evaluar objetivamente las acciones y los programas gubernamentales, así como utilizar la información de su desempeño y resultados en futuros procesos de toma de decisiones. Las actividades de monitoreo y evaluación son piezas fundamentales de todo sistema integral de  rendición de cuentas. La  construcción, seguimiento y valoración objetiva  y puntual de los indicadores de desempeño, metas y objetivos específicos de los programas públicos sirven para producir información valiosa, que idealmente permite tanto a gobernantes como ciudadanos saber si las acciones gubernamentales están funcionando de acuerdo con lo planeado y están contribuyendo a resolver los problemas públicos que se propusieron atender.

Un reto más, el gobierno abierto, éste es un nuevo paradigma que basado en los principios de la transparencia y apertura, participación y colaboración, intenta responder al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza en un mundo que está cambiando radical y vertiginosamente. El gobierno abierto una plataforma para la participación y la colaboración ciudadana a partir de la apertura de datos públicos y las posibilidades de reutilizar información, que favorezca la co-creación, el co-diseño y la co-gestión de servicios públicos, en un contexto donde la confianza, la co-responsabilidad y el compromiso cívico son elementos clave para el proceso de cambio que experimentan los gobiernos y las administraciones públicas de cara a los desafíos que le impone la sociedad en el nuevo milenio.

Señoras y señores, se preguntarán, y todo esto, para qué; la respuesta es simplemente compleja, para resolver el problema de la responsabilización de la Administración Pública ante los ciudadanos.

La buena noticia, y para que vean que no todo son problemas, es que este diplomado ofrece un conjunto de herramientas teóricas y prácticas que aportan los elementos necesarios para lograr una gestión eficaz y eficiente de los recursos económicos, sociales y naturales del ámbito municipal, así que están en buenas manos, por lo que no me resta más que felicitarlos por haber tomado la decisión de cursar el Diplomado de Gestión Municipal de la Universidad Veracruzana, deseándoles el mejor de los éxitos y que sea en provecho de la sociedad.

Muchas gracias.



[1]Manjarrez Rivera, Jorge. LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA FISCALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO: 1997-2001, págs. 139,140 y 141.



Original: http://fernandoaguileradehombre.blogspot.com/2014/09/el-municipio-ante-el-reto-publico-de-la.html
por: FERNANDO AGUILERA DE HOMBRE
Publicado: September 14, 2014, 9:03 pm

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