El rol del legislador en las fallidas reformas estructurales en México

La agenda legislativa mexicana se ha visto dominada, durante la administración de Enrique Peña Nieto, por la discusión y aprobación de las llamadas reformas estructurales que, según nos dicen sus promotores, ahora sí conducirán a nuestro país a una mejora de la calidad de vida de sus habitantes mediante un desarrollo sustentable.

Al respecto, cabe recordar que no es la primera vez que los mexicanos escuchamos el mismo estribillo respecto a las bondades de este tipo de reformas: lo mismo se dijo del ingreso de México al GATT ;de la privatización de la banca y de otras empresas públicas; de la liberalización de la propiedad ejidal; de la autonomía del Banco de México; de la entrada del capital privado a la petroquímica básica; de la privatización de los ferrocarriles; de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; entre otras reformas que, por lo menos lo que el promedio del PIB en los últimos 30 años deja al análisis, no han producido ni las grandiosas tasas de crecimiento económico ni mucho menos una mejora de los niveles de bienestar de la población. La sempiterna y ubicua pobreza es lo que persiste en México.

En el contexto de una multiplicidad de reformas estructurales ya aprobadas, -por cierto, la gran mayoría basadas en una ideología económica neoliberal- es pertinente hacernos las siguientes preguntas: ¿son realmente necesarias más reformas? ¿No será que lo que ha fallado es su implementación?

Mi punto de vista es que los errores en el proceso de una adecuada implementación de dichas reformas, radica no solo en graves fallas del Ejecutivo, sino en una percepción errónea del rol que los integrantes del Congreso de la Unión –que aplica también para los Congresos Estatales- tienen de su labor: la de que su función principal consiste, única y exclusivamente, en aprobar leyes, dejando en el olvido las otras dos funciones por antonomasia de los legisladores, la de representación y la de control del Ejecutivo.

Me detendrá un poco en esta última: el control del Ejecutivo, que implica funcionar como un contrapeso político, no se lleva a cabo únicamente con la glosa de los informes ni con citar esporádicamente a los miembros del gabinete; se lleva a cabo supervisando permanentemente, en pleno uso de sus facultades legislativas, las actividades que lleva a cabo el Poder Ejecutivo mediante la aprobación de los presupuestos de egresos con base en una gestión pública por resultados, en la cual a los programas exitosos se les asigna recursos y a los que han tenido malos resultados se les disminuye o de plano se les cancela; mediante reuniones de trabajo con mandos medios y superiores de las administraciones públicas en los que estos últimos tomen en cuenta las observaciones de los legisladores para el desarrollo de planes y proyectos; mediante el fortalecimiento de las facultades de investigación y sanción de las comisiones legislativas, etc.

Por tal motivo, quizá habría que plantearse una reforma estructural de las instituciones de las que emanan todas las leyes en México: la Cámara de Diputados y del Senado, así como de los Poderes Legislativos Estatales. Esta reforma tendría que abordar, forzosamente, el tema de levantar la prohibición constitucional de la reelección consecutiva, lo que permitirá a los legisladores ser premiados o castigados, de acuerdo con su desempeño, por los electores en las urnas, y poder profesionalizarse y especializarse en los temas parlamentarios de relevancia, en forma tal que tengan la capacidad de ejercer plenamente las funciones de aprobación de leyes, de representación ciudadana y de control del Ejecutivo.

No cabe la menor duda de que México necesita reformar, de manera profunda, sectores de la vida pública que actualmente están capturados por poderes fácticos que monopolizan la actividad política, económica, mediática y educativa. Sin embargo, antes de seguir avanzando en las reformas estructurales, detengámonos a analizar los resultados de las que ya han sido decretadas a lo largo de los últimos 30 años y ponderemos si contamos con las condiciones para su adecuada implementación, una de las cuales es contar con Poderes Legislativos cuyos integrantes sean conscientes de que no es suficiente aprobar leyes, sino que es necesario supervisar su implementación y funcionamiento.

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