LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com
La Administración Financiera Municipal.
Partiendo de la noción expresada supra que el Derecho Financiero es aquella parte de las Ciencias Jurídicas dedicada al estudio de la normativa legal, desde la perspectiva pública para efectos de estas líneas, en la que se ordena el presupuesto general del Estado, partiendo de la actividad financiera, entendiéndose como la desplegada para su sostenimiento y funcionamiento; que genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos y entes públicos; a su vez crea vínculos con los particulares, siendo un ejemplo cuando se realiza la planificación para la gestión de servicios públicos.
De acuerdo con la (LOOPM, 2010) la Administración Financiera de la Hacienda Municipal está conformada por los sistemas de Bienes, Contabilidad, Planificación, Presupuesto, Tesorería, Tributario.
Este mismo texto legal también nos aporta los principios generales por los cuales se rige: legalidad, eficiencia, celeridad, solvencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinado con la Hacienda de la Republica y estadal.
También se encuentran comprendidos por las normas que regulan la administración financiera todas las entidades municipales: distritos metropolitanos, institutos públicos (antes autónomos), sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles; salvo el caso de los distritos metropolitanos se entiende por ente municipal aquellos con o sin forma empresarial donde el municipio tenga o no desde su constitución representado un porcentaje igual o mayor al cincuenta por ciento del patrimonio de estos, así como aquellos creados o posean fondos o bienes municipales.
Seguidamente, se tratarán cada uno de los sistemas.
Bienes municipales.
El Sistema de Bienes Públicos, creado por el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (DLOBP, 2014) busca dictar normas tendentes al manejo de los bienes en todos los niveles; para ello regula acerca la administración, protección, enajenación, guarda, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación, ubicación, existencia de bienes ocultos o desconocidos, los declarados en estado de abandono, potestad investigativa, denuncias, entre otros.
Actualmente este texto legal es producto de la modificación de otro con idéntico nombre del año 2012.
Tiene como finalidad una actualización de los diversos tipos de bienes que maneja el Estado y poder dar respuesta a las necesidades colectivas.
Este instrumento legal tiene por objeto establecer las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Públicos, como parte integrante del Sistema de Administración Financiera del Estado y deroga expresamente normas de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional (1974, con reforma el 2009), la Ley de Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos (2007) y la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del sector público no afectos a las industrias básicas (1987) y su Reglamento (1999).
En efecto, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP, 2015), desde su primera versión, contempla regulaciones en materia de bienes.
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) los define como los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título formen parte del patrimonio del Municipio.
El nivel local requiere de un patrimonio para poder cumplir con la satisfacción de necesidades colectivas, bien sea prestación de servicios, pagos de proveedores, entre otros. Ese patrimonio está constituido por un conjunto de bienes, derechos, colocaciones dinerarias, entre otros.
El (DLOBP, 2014) considera como bienes públicos a los bienes muebles e inmuebles, títulos valor, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos de dominio público o privado de los órganos y entes públicos, como también en herencias yacentes; los bienes y mercancías objeto de comiso, las que se declaren abandonadas o los que sean puestos a la orden del Tesoro.
Desde una perspectiva territorial los clasifica como bienes públicos nacionales, estadales, distritales y municipales, definiéndolos como aquellos del dominio público o privado – en cada ámbito – tanto de sus órganos o entes.
Se trata de (i) los objetos susceptibles de valor económico o en dinero, así como también las cosas, (ii) pudiendo ser de naturaleza mueble, es decir, aquellas que se desplazan por sí misma o por fuerza exterior o, (iii) las que se encuentran inmovilizadas, como ocurre con las inmuebles.
Sin embargo, de la lectura del instrumento legal se generan dudas en cuanto a la autonomía, específicamente de los municipios, por cuanto no puede haber relación jerárquica entre el ámbito nacional y municipal, lo que sería violatorio de aquélla.
La (CRBV, 1999) expresa que los municipios gozan de autonomía; como parte de ella están la gestión de las materias de su competencia, la legislación sobre éstas, así como la organización y funcionamiento de sus órganos y entes, al igual que la vigilancia, fiscalización, y control sobre sus ingresos, gastos y bienes.
Esto también es desarrollado por el legislador nacional en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010).
La noción de autonomía – desde la perspectiva del Derecho Administrativo – siguiendo al maestro Eloy Lares Martínez en su obra “Manual de Derecho Administrativo”, Ediciones Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; es la aptitud de la entidad de que se trate para darse las normas jurídicas que rijan su actuación.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
