La pieza faltante para la consolidación de las reformas administrativas en México

Durante los últimos 15 años, se han aprobado en México reformas administrativas de gran calado que tienen como fin último mejorar la calidad del accionar gubernamental y reducir la corrupción, en beneficio de la ciudadanía. En efecto, reformas tales como el Presupuesto basado en Resultados; la Armonización Contable; en materia de Transparencia; la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras, impactan a todos los niveles de gobierno, dado que su origen son reformas constitucionales, posteriormente aterrizadas en Leyes Generales.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR), por ejemplo, busca incrementar los niveles de eficacia y efectividad en el gasto público, rubro en el que persiste un gran rezago, dado que en nuestra cultura política y burocrática, caracterizada por el patrimonialismo y la corrupción, no existen los incentivos para gastar bien los recursos del erario. Con el PbR se pretende erradicar la inercia incrementalista mediante la cual se asigna por lo menos el mismo monto de recursos a políticas y programas de gobierno, cada año, sin tomar en cuenta sus resultados concretos para resolver problemas públicos. Se trata de desterrar el método tradicional mediante el cual lo importante era cumplir con los procedimientos y procesos, para pasar a una nueva gestión pública en la que se evalúe constantemente el desempeño y resultados de las políticas públicas y, con base en ello, se diseñen los presupuestos públicos. Es una reforma administrativa aún en sus primeras fases y no podemos afirmar que algún nivel de gobierno, ni siquiera el federal, haya implementado a cabalidad el PbR. En Quintana Roo, la actual administración está trabajando fuertemente para implementar y consolidar el PbR en el Poder Ejecutivo –con la decidida colaboración del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo- con pasos tangibles si tomamos en cuenta que ya desaparecieron los famosos POA´s (Programas operativos anuales) para darle paso a los programas presupuestarios a partir del Presupuesto de Egresos 2018.

La Armonización Contable, por su parte, tiene como objetivo homologar los sistemas contables de las instituciones públicas para que se adecuen a las necesidades de información de las autoridades hacendarias y los ciudadanos mexicanos. Se trata de que todos los entes de gobierno cuenten con los mismos conceptos contables, a efecto de facilitar su comparación y poder medir de forma adecuada el nivel de desempeño en cada instancia de gobierno. Podemos afirmar que está íntimamente ligado con los objetivos del PbR, en el sentido de que facilita la comparación y la evaluación de la eficiencia y eficacia de los gobiernos.

De igual forma, las reformas en materia de transparencia, traducidas en una Ley General, tienen como finalidad que los ciudadanos puedan obtener todo tipo de información de las acciones que realizan todas las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, así como instituciones privadas que reciban recursos públicos.

Por otro lado, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción obedece a una sentida demanda de los mexicanos para reducir los niveles de corrupción a través de un sistema integral y transversal en el que participan diversas instituciones para diseñar políticas públicas que incidan directamente en disminuir los espacios de discrecionalidad que son aprovechados para la extracción ilegal de rentas, en detrimento de la calidad de los servicios públicos.

Sin embargo, consideramos que a este entramado de reformas institucionales le hace falta una pieza de suma trascendencia sin la cual será imposible su consolidación y, sobre todo, que realmente sus resultados se reflejen en una mejora en la calidad de vida de los mexicanos: nos referimos a desterrar la repartición clientelar de los puestos públicos mediante la creación de burocracias profesionales meritocráticas. No está de más señalar que entre las ventajas de los servicios civiles de carrera basados en el mérito, están la continuidad de las políticas públicas que sí funcionan y la estabilidad laboral de los servidores públicos efectivos. Aunado a lo anterior, los países con servicios civiles de carrera consolidados cuentan con mayores tases de crecimiento económico y con bajos niveles de pobreza

Si bien es cierto que en 2006 entró en vigor el servicio profesional de carrera en la administración pública federal –en 2007 se realizaron los primeros concursos de oposición- éste no ha estado exento de fallas en su funcionamiento y de resistencias políticas a su adecuada implementación. Ello no es óbice para que se le considere una reforma fallida, tomando en cuenta que apenas lleva 11 años de su creación y que los servicios civiles de carrera de los países desarrollados llevan décadas o incluso siglos desde su creación.

La verdadera tragedia se presenta en las administraciones estatales y municipales. Apenas 7 entidades federativas cuentan con leyes o reglamentos que contemplen la creación de servicios civiles de carrera, pero en ninguno de ellos se ha podido implementar, esto es, no se han realizado concursos de oposición basados en el mérito para asignar puestos públicos en los gobiernos estatales. En los municipios, la situación es todavía peor por su diseño institucional: períodos de únicamente 3 años que no permiten una continuidad en la conformación de equipos, de políticas y de programas. Esperamos que con la posibilidad de reelección mejore esta situación pero, en definitiva, sin normativas que regulen el acceso a los puestos públicos municipales con procedimientos basados en el mérito y la evaluación del desempeño, las capacidades de los gobiernos municipales para proveer de servicios públicos de calidad siempre serán deficientes.

Hagamos nuestra tarea desde nuestras respectivas trincheras para situar el tema de la creación de servicios civiles de carrera meritocráticos en los gobiernos estatales y municipales –y la consolidación del servicio profesional de carrera federal- en la cúspide de la agenda pública, si realmente queremos que México aspire a mejores estadios de desarrollo. No es posible que en pleno siglo XXI siga prevaleciendo el sistema de reparto de botín, el amiguismo y el compadrazgo en la repartición de puestos públicos, la ciudadanía no se lo merece.

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