LAS FUNDACIONES MUNICIPALES II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com
Resulta oportuno señalar lo que ha previsto la legislación para la creación y funcionamiento de una fundación municipal.
En esta entrega se mencionan los de la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP, 2014), la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP, 2015), la Ley Orgánica del Trabajo (2012), la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGR, 2010) y la Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014). Por aquello de su aplicación en el ámbito local.
La primera regula los aspectos de tipo organizacional y generales referidos a los entes. Por ejemplo, que no se podrán crear nuevos órganos o entes que supongan duplicación de las competencias de otros existentes sin suprimir o restringir la competencia de estos.
Otros elementos se conjugan también como la Avocación, Delegación, Descentralización, Planificación, Legalidad, Administración al servicio del ciudadano, Responsabilidad Fiscal, Control de Gestión, Eficacia, Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, Suficiencia, Racionalidad y Adecuación de los medios a los fines institucionales, Simplicidad, Transparencia y Cercanía Organizativa hacia las personas, Coordinación, Cooperación, entre otros.
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal contiene unos principios que deben interactuar con los reseñados por otros textos normativos, pudiendo enumerar: Corresponsabilidad social, Planificación, Descentralización, Transferencia a las Comunidades, Participación Ciudadana, entre otros.
Cabe destacar que algunos de los aquí reseñados poseen instrumentos jurídicos que los desarrollan con carácter de especialidad, siendo el caso de la simplificación de trámites o la planificación.
Asimismo, la LOPPM establece que para la constitución de una fundación municipal se requiere la aprobación de un decreto por el alcalde que se someterá al concejo municipal, a quien le compete autorizar o no, así como también deberá contarse con la opinión previa del Síndico Procurador Municipal y del Contralor Municipal.
El acto administrativo de creación deberá indicar el objeto y sus competencias, determinación de la forma organizativa, ubicación en la estructura, así como también las previsiones y asignaciones presupuestarias.
Tan pronto como la interacción del Ejecutivo y Legislativo Local para la creación se publicará en la Gaceta Oficial Municipal.
A su vez, en dicho instrumento, se instruye para la creación y demás pasos, tales como redacción del acta constitutiva y estatutos sociales; Registro Público; inscripción ante la Administración Tributaria Nacional (RIF, IVSS, entre otros), publicación en la Gaceta Municipal.
Es oportuno recordar el principio de Inmunidad Fiscal de las personas jurídicas de Derecho Público a este punto, por lo que no son aplicables las normas sobre cobros de tasas e impuestos, derivados de esta tramitación, tanto por la Ley de Registros Públicos y del Notariado (2014) como la Ley de Timbres Fiscales.
Las personas que se desempeñan en un ente con formas de Derecho Privado se rigen por la legislación laboral, dado que la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002) no los ha incluido. Sin embargo, pueden ser objeto de jubilación de conformidad con la Ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones.
En cuanto a la rama presupuestaria el órgano debe aprobar los proyectos de presupuesto para el ejercicio económico financiero por aquello de la tutela, encontrándose comprendida dentro de los sometidos por la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP, 2015)
Mientras que – en materia de control – se debe crear una dependencia de auditoría interna, sin perjuicio de las facultades que ejercen el Concejo Municipal o la Contraloría Municipal de conformidad con la LOAFSP y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGR, 2010).
Es clave que se destinan recursos públicos para la creación y desempeño de la Fundación Municipal, lo que hace un elemento ineludible del control y seguimiento.
Cuando se refieren a objetos, la Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014) rige – sin menoscabo de su autonomía – a las fundaciones municipales, toda vez que a éstas se aplican las normas contenidas por aquélla, en lo concerniente con la administración, protección, enajenación, guarda, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación, ubicación, existencia de bienes ocultos o desconocidos, los declarados en estado de abandono, potestad investigativa, denuncias, entre otros.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
