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Las nuevas notificaciones electrónicas de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común pueden generar indefensión

 Este domingo 2 de octubre entra en vigor la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas después del plazo de vacatio legis de un año desde su publicación establecido en la Disposición Final Séptima de la misma.
 
Aunque la misma Disposición Final Séptima en su párrafo segundo indica que las previsiones de la Ley relativas al registro y archivo electrónico, registro electrónico de apoderamientos y de empleados públicos habilitados y punto de acceso general electrónico de la Administración producirán efectos a los dos años de esta entrada en vigor (2.10.2018), lo cierto es que una visión conjunta de las Disposiciones Transitorias Segunda y Cuarta y la Disposición derogatoria única apartado 2.g), pº 2º, parece llevarnos a la conclusión de que para aquellas Administraciones Públicas que a la fecha de entrada en vigor de la Ley el próximo 2 de octubre de 2016 dispongan ya de registro electrónico y punto de acceso general, como la Administración General del Estado, hará que surja automáticamente ya este domingo el derecho/obligación de relacionarse electrónicamente con aquélla de esas personas y entidades relacionadas en el art. 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, letrados que actúen en ejercicio de su actividad profesional, Comunidades de Propietarios, etc.), por cuanto como bien dice Víctor Almonacid en la entrada de su imprescindible blog nosoloayuntamientos.wordpress.com “Ley de procedimiento ¿qué entra en vigor en 2018?” lo que no entran en vigor son las previsiones de la Ley 39/2015 relativas al registro y archivo electrónico, etc., pero sí como indica esa Disposición derogatoria única se “mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones” y, consecuentemente, el consiguiente deber, siempre en aquellas Administraciones Públicas que dispongan de dichos canales, medios o sistemas electrónicos, por cuanto como dice el maestro Sevach en la entrada de su blog “La administración electrónica, un pasito para adelante, un pasito para atrás”, esa obligación es una mandato jurídico condicionado y “de nada sirve obligar a alguien a comunicarse electrónicamente si la Administración destinataria de la obligación no ha puesto los medios electrónicos para ello, pues sería una obligación imposible y como tal, no podrían derivarse consecuencias negativas para aquél”.
 
Uno de los aspectos fundamentales de la nueva Ley 39/2015 es establecer que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, o sea, aquellas personas de los apartados 2 y 3 del art. 14 de la misma antes citados (personas jurídicas, etc.).
 
Este cambio que puede ser a la larga positivo por cuanto podrá mejorar la organización, efectividad y eficiencia de las Administraciones Públicas y facilitar a los ciudadanos su relación con las mismas, adolece de varios defectos muy graves que pueden echar por tierra todo lo positivo que dicha regulación podría traer, por cuanto son defectos que pueden generar violaciones de derechos fundamentales como los previstos en el art. 24 de nuestra Constitución y generar indefensión a los ciudadanos.
 
Recordemos que la jurisprudencia constitucional ha dicho, entre otra muchas en la STC 133/2009 que “este Tribunal ha declarado aplicable a las notificaciones administrativas su doctrina sobre la necesidad de emplazamiento personal de todos los interesados en los procesos judiciales, siempre que ello sea factible, en la medida en que la defectuosa realización de los mismos puede impedir la impugnación de los actos administrativos, con lo que se cercena la posibilidad de que sean revisados judicialmente y se priva, en consecuencia, al recurrente de obtener una tutela judicial efectiva frente a los mismos (STC 291/2000, de 30 de noviembre, FJ 5)«, añadiendo respecto de la prohibición de la indefensión que «la idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos constitucionales que puedan colocarse en el marco del artículo 24 CE» (STC 48/1984 y SSTC 146/2003, 199/2006 y 28/2010).
 
Los dos principales defectos que, a mi juicio, la puesta en práctica de la nueva regulación de las notificaciones electrónicas de la Ley 39/2015 podrían provocar la vulneración de varios de los derechos contenidos en el art. 24 de la Constitución, fundamentalmente la proscripción de la indefensión, son relativos al aviso electrónico y a la no obligación de publicar en el BOE en caso de que el ciudadano no acceda por comparecencia a su notificación electrónica.
 
La nueva Ley nos dice que las notificaciones electrónicas se realizarán en primer lugar poniendo a disposición la Administración en su Sede electrónica o dirección electrónica habilitada única la notificación para que sea el ciudadano el que, por comparecencia electrónica en la misma y previa identificación, pueda acceder al contenido de la notificación.
 
Hasta aquí nada que objetar, ya que como decía antes, esta regulación puede facilitar las cosas tanto a las Administraciones, como a los ciudadanos.
 
Ahora bien, para que dicho sistema respete plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos obligados a utilizarlo es necesario que se den las suficientes garantías para que no quede duda de que la puesta a disposición de la notificación por la Administración Pública ha llegado a conocimiento del ciudadano, de modo que si después no accede a ello porque voluntariamente no lo desea, no pueda achacar nada a la actuación administrativa, en la línea de la regulación hasta ahora prevista en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común que ahora se reserva en la nueva Ley 39/2015 para las notificaciones en papel.
 
Sin embargo, a mi juicio, el sistema diseñado en la Ley 39/2015 no garantiza la salvaguarda de esos derechos ni que el ciudadano no sufra indefensión. ¿Por qué?
 
El primer paso del proceso de notificación eletrónica, como decíamos antes, es que la Administración pone a disposición del ciudadano la notificación en la Sede electrónica o dirección habilitada única.
 
Ahora bien, ¿cómo se entera el ciudadano que la Administración ha puesto esa notificación electrónica a su disposición?.
 
Para ello el sistema prevé un método altamente efectivo como es el aviso enviado a un dispositivo electrónico y/o una dirección electrónica del interesado para que éste pueda acceder, si así lo desea, a su contenido, aviso que se establece de manera obligatoria tanto para las notificaciones electrónicas, como para las realizadas en papel.
 
Sin embargo, el fallo está en que el apartado 6º del art. 41 de la Ley 39/2015 contempla expresamente que “La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”.
 
De este modo, o bien los obligados entramos continuamente en cada una de las Sedes electrónicas existentes en las Administraciones Públicas españolas o no tendremos garantizado el conocimiento de que nos han enviado una notificación.
 
Y esto es singularmente importante porque, además, la Ley 39/2015 lo remata señalando que dicha notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta  disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, dándose por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
 
Ni siquiera se contempla la misma previsión garantista que venía contemplando hasta ahora la Ley 30/1992 y que la Ley 39/2015 reserva para las notificaciones en papel y es que, intentada por dos veces la notificación (algo parecido a los avisos), se obliga a las Administraciones Públicas a publicarlo en el BOE para que esta notificación en papel pueda surtir efectos.
 
Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas el sistema no sufriría si la Ley 39/2015 se hubiese limitado a establecer como hace la obligación de las AAPP de enviar el aviso; de este modo, en aquellos casos en los que el sistema de envío de avisos falle, la notificación no surtiría efectos y quedaría incólume la posibilidad del ciudadano de hacer frente a su contenido a través de las correspondientes alegaciones o recursos, según proceda.
 
Sin embargo, al introducir la coletilla de que la falta de aviso no impedirá que dicha notificación sea considerada plenamente válida complica mucho la dinámica y puede generar continuas vulneraciones de derechos fundamentales.
 
Y tampoco tiene sentido la diferenciación entre notificaciones en papel y electrónicas, eliminando la obligación de publicar en el BOE en caso de que los intentos de notificación fuesen infructuosos.
 
En fin, esperemos que no tarde mucho en haber un Parlamento operativo que pueda modificar la regulación para corregir esos dos aspectos y que, hasta ese momento, los Juzgados y Tribunales ordinarios, primeros garantes de los derechos fundamentales según dice la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 6/2007, de 24 de mayo, amparen a los ciudadanos para impedir que se vulneren sus derechos fundamentales y se les genere indefensión.
 
Mucha suerte a tod@s en la aplicación de la nueva Ley!
 
Diego Gómez Fernández –Abogado-
0 Comentarios
  1. El art. 44 de la ley 39/2015 establece lo siguiente:

    «Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

     

    Nótese que no excluye a las notificaciones electrónicas. Por lo tanto la Administración deberá publicar siempre que la notificación intentada «no se haya podido practicar». Lo que dejaría sin efecto cualquier alegación sobre indefensión por parte de la persona interesada.

     

    El equívoco, creo que puede venir por la «validez» que el apartado 6º del art. 41 de la Ley 39/2015 contempla expresamente, para la notificación cuando establece que “La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”. Referido al aviso en la dirección electrónica habilitada o en la sede electrónica.

    En este sentido creo que lo que establecido en dicho artículo es que, la notificación correctamente efectuada debe ser considerada válida aunque no haya existido la práctica del aviso. Es decir, en caso de que la notificación se realice efectivamente  no obstará para su validez el hecho de que dicho aviso no haya sido efectivamente practicado, ya sea por culpa de la Administración o del interesado.

    En mi opinión el artículo 44 salvaguarda el deber de publicación de la notificación por parte de la Administración en cualquier caso y por tanto evitaría la indefensión mientras que el apartado 6º del artículo 41 lo que hace es prever la validez a la notificación efectuada válidamente a pesar de que no haya sido realizado el aviso por cualquier motivo.

     

     

  2. Autor

    Buenos días Cándido, muchas gracias por tu comentario.

    Sin embargo entiendo que el art. 44 que transcribes no es aplicable a las notificaciones electrónicas porque las previsiones de los arts. 43.2 y 41.5 lo impiden por lo siguiente:

    El art. 44 se reserva para las notificaciones «infructuosas» (así se titula el artículo), aquéllas que no se hayan podido practicar porque intentada la notificación, ésta no se hubiese podido practicar, mientras que los citados arts. 43.2 y 41.5 hacen que la notificación electrónica a la que no se ha accedido en el plazo de diez días desde la puesta a su disposición en la sede electrónica o dirección habilitada única se entienda como rechazada y ya no haya que publicar, sino que la notificación se entiende practicada correctamente.

    El art. 43.2 dice: «Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.»

    Y el art. 41.5 añade: «Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento

    Si no entras en el buzón electrónico y la descargas en el plazo de 10 días, la notificación se entiende correctamente practicada, sigue el trámite y no podrá ser ya de aplicación el art. 44 porque solamente se refiere a las que no se hubiesen podido practicar y éstas, según la Ley ya han sido correctamente practicadas, aunque sea por la ficción legal de entender rechazada la notificación, rechazo al que la nueva ley le da el mismo tratamiento que el art. 59.3 de la Ley 30/92 reservaba para el rechazo personal por el interesado o su representante de la notificación realizada en papel. Creo que la interpretación sistemática de todos estos artículos nos lleva a esta desagradable conclusión.

    Respecto a lo otro que planteas sobre la interpretación de la coletilla del art. 41.6 (La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida) de que la interpretación correcta es que sólo será así si la notificación está correctamente realizada estoy completamente de acuerdo, pero como decía en el artículo, tendrán que ser los Juzgados y Tribunales quienes lo intepreten así (ya que es la única interpretación plausible según el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE y toda la jurisprudencia constitucional dictada en materia de notificaciones que proscribe como sabes la indefensión material) y, mientras te puedes encontrar con interpretaciones contrarias llevadas a cabo por alguna Administración Pública que te obligaría a gastarte el dinero en acudir al Juzgado y, como bien sabes, esto tampoco te garantizaría 100% el resultado habida cuenta de que los jueces a veces se equivocan. No creo que sea una buena regulación para un asunto de tanta trascendencia para la vida y hacienda de los ciudadanos.

    En fin, a ver si hay gobierno y lo cambian, que la Administración electrónica es algo muy positivo; sólo hay que extremar las cautelas en su regulación para que no se produzcan abusos.

    Muchas gracias como te decía por tu comentario y que tengas un buen día!

     

  3.  

    Siguiendo con este interesante asunto y agradeciendo la oportunidad de debatir al respecto comentar que estoy de  acuerdo en la diferencia  que señalas sobre notificaciones «infructuosas» del artículo 44 y las «rechazadas» del 43.2 párrafo 2º aunque considero que hay que señalar, que este último se refiere solamente a las notificaciones que tengan carácter «obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado (la notificación por medios electrónicos)».

    En el caso de que haya sido elegida por el interesado considero que  por ello mismo se le debe suponer un determinado cuidado o prudencia al respecto.

    Y en el caso de las obligatorias se trata de una opción por parte del legislador que ya ha tenido su particular polémica específica y anterior a la Ley 39/2015 saldada jurisprudencialmente a favor de la norma.

     

     

  4. Perdonar que me entrometa, pero yo si que creo que el tema de la notificación no está bien cerrado. SE sigue pensando en el papel y no en cómo funciona el mundo electrónico. De tal manera que en lo electrónico la carga de la prueba se deja al ciudadano (no siendo asi en la notificación en papel).

    El articulo 43.3- 3. dice Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

    Lo que entiendo que a efectos de cumplir el plazos y acreditanto el intento de notificación se cumple la obligación.

    ¿Cual es el intento de notificación?  El envío del aviso a un correo o sms o … es un intento de notificación? Se debería considerar no practicado este aviso si se recibe un rechazo del servidor de correo? Es decir que el ciudadano no ha recibido realmente el aviso.

    En el caso de notificaciones en papel si nadie recoge el aviso se aplica el artículo 44 ( por estar de vacaciones por ejemplo) o  si ha cambiado de domicilio sin comunicarlo también se aplica (no repito el 44 ya que está suficientemente explicado anteriormente).

    Pero si la notificación es electrónica habiendolo solicitado el interesado, si no recibe el aviso por problemas ajenos a él, por haber cambiado de dispositivo electronico o de dirección de correo y no lo ha comunicado  o por estar de vacaciones en un lugar sin cobertura y/o acceso internet; entonces la administración no comprueba el «acuse de aviso» es decir si el aviso se ha entregado o leido y  empieza a contar el plazo de los 10 días. No hay segundo aviso, que debería haberlo y en la práctica asi se estableció en el servicio de Notificacíones Telemáticas cuando lo daba Correos; y al parecer no hay publicación en el BOE.

    Así que si la notificación es electrónica, el ciudadano está más indefenso cuando no recibe el aviso y  aunque la probabilidad de fallo sea menor, el caso puede darse, por lo que entiendo que debería entrar en el mismo proceso que la notificación infructuosa: doble aviso y publicación en BOE o tablón.

     

  5. Autor

    Buenos días Montaña, no hay nada que perdonar, el debate está para esto, te agradezco mucho tu participación en él.

    Respecto a lo que comentas, a mi juicio en las notificaciones electrónicas y a estos efectos de entender cumplida la obligación de notificar la resolución dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos no hay “intento de notificación” como tal, ya que la remisión que hace el art. 43.3 es “a la obligación a la que se refiere el artículo 40.4” y la obligación de este artículo 40.4 es la ya citada de notificar la resolución dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos.  

     Entiendo que el aviso del art. 41.6 es otra cosa, no es un intento de notificación y, como comentamos ya, en la regulación vigente, la falta del mismo no invalida la notificación.  

    A mi juicio, el art. 43.3 establece una regulación específica para las notificaciones electrónicas sobre el momento y el modo en que se debe de entender cumplida la obligación de notificar la resolución del plazo máximo de duración de los procedimientos y esta regulación específica no dice nada sobre los intentos de notificación, que quedarían circunscritos a las notificaciones en papel, donde sí se exigirían los 2 intentos dentro de plazo (STS de 7-10-2011) debidamente acreditados en el expediente. Para las electrónicas hay una regulación específica (art. 43.3) que dice que en el momento en que pongan a la disposición en el sistema la notificación (lo que tendrá un sello de tiempo de cuál es dicho momento), será el dies ad quem o día final para entender cumplida la obligación, de modo que si el procedimiento tiene un plazo máximo de 6 meses, es un sancionador que se inicia de oficio el 2 de enero y (sin que haya habido suspensiones) la notificación de la resolución se pone a disposición del ciudadano en el sistema para que pueda entrar y descargársela el 2 de julio, se habría cumplido con la obligación de notificar la resolución dentro de dicho plazo máximo y por tanto no se habría producido la caducidad.

    Por ello, entiendo que no sería de aplicación lo que comentas, pero es solamente mi opinión.

    Muchas gracias por participar, que tengas un buen día

Contesta

Este domingo 2 de octubre entra en vigor la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas después del plazo de vacatio legis de un año desde su publicación establecido en la Disposición Final Séptima de la misma.
Aunque la misma Disposición Final Séptima en su párrafo segundo indica que las previsiones de la Ley relativas al registro y archivo electrónico, registro electrónico de apoderamientos y de empleados públicos habilitados y punto de acceso general electrónico de la Administración producirán efectos a los dos años de esta entrada en vigor (2.10.2018), lo cierto es que una visión conjunta de las Disposiciones Transitorias Segunda y Cuarta y la Disposición derogatoria única apartado 2.g), pº 2º, parece llevarnos a la conclusión de que para aquellas Administraciones Públicas que a la fecha de entrada en vigor de la Ley el próximo 2 de octubre de 2016 dispongan ya de registro electrónico y punto de acceso general, como la Administración General del Estado, hará que surja automáticamente ya este domingo el derecho/obligación de relacionarse electrónicamente con aquélla de esas personas y entidades relacionadas en el art. 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, letrados que actúen en ejercicio de su actividad profesional, Comunidades de Propietarios, etc.), por cuanto como bien dice Víctor Almonacid en la entrada de su imprescindible blog nosoloayuntamientos.wordpress.com “Ley de procedimiento ¿qué entra en vigor en 2018?” lo que no entran en vigor son las previsiones de la Ley 39/2015 relativas al registro y archivo electrónico, etc., pero sí como indica esa Disposición derogatoria única se “mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones” y, consecuentemente, el consiguiente deber, siempre en aquellas Administraciones Públicas que dispongan de dichos canales, medios o sistemas electrónicos, por cuanto como dice el maestro Sevach en la entrada de su blog “La administración electrónica, un pasito para adelante, un pasito para atrás”, esa obligación es una mandato jurídico condicionado y “de nada sirve obligar a alguien a comunicarse electrónicamente si la Administración destinataria de la obligación no ha puesto los medios electrónicos para ello, pues sería una obligación imposible y como tal, no podrían derivarse consecuencias negativas para aquél”.
Uno de los aspectos fundamentales de la nueva Ley 39/2015 es establecer que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, o sea, aquellas personas de los apartados 2 y 3 del art. 14 de la misma antes citados (personas jurídicas, etc.).
Este cambio que puede ser a la larga positivo por cuanto podrá mejorar la organización, efectividad y eficiencia de las Administraciones Públicas y facilitar a los ciudadanos su relación con las mismas, adolece de varios defectos muy graves que pueden echar por tierra todo lo positivo que dicha regulación podría traer, por cuanto son defectos que pueden generar violaciones de derechos fundamentales como los previstos en el art. 24 de nuestra Constitución y generar indefensión a los ciudadanos.
Recordemos que la jurisprudencia constitucional ha dicho, entre otra muchas en la STC 133/2009 que “este Tribunal ha declarado aplicable a las notificaciones administrativas su doctrina sobre la necesidad de emplazamiento personal de todos los interesados en los procesos judiciales, siempre que ello sea factible, en la medida en que la defectuosa realización de los mismos puede impedir la impugnación de los actos administrativos, con lo que se cercena la posibilidad de que sean revisados judicialmente y se priva, en consecuencia, al recurrente de obtener una tutela judicial efectiva frente a los mismos (STC 291/2000, de 30 de noviembre, FJ 5)», añadiendo respecto de la prohibición de la indefensión que «la idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos constitucionales que puedan colocarse en el marco del artículo 24 CE» (STC 48/1984 y SSTC 146/2003, 199/2006 y 28/2010).
Los dos principales defectos que, a mi juicio, la puesta en práctica de la nueva regulación de las notificaciones electrónicas de la Ley 39/2015 podrían provocar la vulneración de varios de los derechos contenidos en el art. 24 de la Constitución, fundamentalmente la proscripción de la indefensión, son relativos al aviso electrónico y a la no obligación de publicar en el BOE en caso de que el ciudadano no acceda por comparecencia a su notificación electrónica.
La nueva Ley nos dice que las notificaciones electrónicas se realizarán en primer lugar poniendo a disposición la Administración en su Sede electrónica o dirección electrónica habilitada única la notificación para que sea el ciudadano el que, por comparecencia electrónica en la misma y previa identificación, pueda acceder al contenido de la notificación.
Hasta aquí nada que objetar, ya que como decía antes, esta regulación puede facilitar las cosas tanto a las Administraciones, como a los ciudadanos.
Ahora bien, para que dicho sistema respete plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos obligados a utilizarlo es necesario que se den las suficientes garantías para que no quede duda de que la puesta a disposición de la notificación por la Administración Pública ha llegado a conocimiento del ciudadano, de modo que si después no accede a ello porque voluntariamente no lo desea, no pueda achacar nada a la actuación administrativa, en la línea de la regulación hasta ahora prevista en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común que ahora se reserva en la nueva Ley 39/2015 para las notificaciones en papel.
Sin embargo, a mi juicio, el sistema diseñado en la Ley 39/2015 no garantiza la salvaguarda de esos derechos ni que el ciudadano no sufra indefensión. ¿Por qué?
El primer paso del proceso de notificación eletrónica, como decíamos antes, es que la Administración pone a disposición del ciudadano la notificación en la Sede electrónica o dirección habilitada única.
Ahora bien, ¿cómo se entera el ciudadano que la Administración ha puesto esa notificación electrónica a su disposición?.
Para ello el sistema prevé un método altamente efectivo como es el aviso enviado a un dispositivo electrónico y/o una dirección electrónica del interesado para que éste pueda acceder, si así lo desea, a su contenido, aviso que se establece de manera obligatoria tanto para las notificaciones electrónicas, como para las realizadas en papel.
Sin embargo, el fallo está en que el apartado 6º del art. 41 de la Ley 39/2015 contempla expresamente que “La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”.
De este modo, o bien los obligados entramos continuamente en cada una de las Sedes electrónicas existentes en las Administraciones Públicas españolas o no tendremos garantizado el conocimiento de que nos han enviado una notificación.
Y esto es singularmente importante porque, además, la Ley 39/2015 lo remata señalando que dicha notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta  disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, dándose por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
Ni siquiera se contempla la misma previsión garantista que venía contemplando hasta ahora la Ley 30/1992 y que la Ley 39/2015 reserva para las notificaciones en papel y es que, intentada por dos veces la notificación (algo parecido a los avisos), se obliga a las Administraciones Públicas a publicarlo en el BOE para que esta notificación en papel pueda surtir efectos.
Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas el sistema no sufriría si la Ley 39/2015 se hubiese limitado a establecer como hace la obligación de las AAPP de enviar el aviso; de este modo, en aquellos casos en los que el sistema de envío de avisos falle, la notificación no surtiría efectos y quedaría incólume la posibilidad del ciudadano de hacer frente a su contenido a través de las correspondientes alegaciones o recursos, según proceda.
Sin embargo, al introducir la coletilla de que la falta de aviso no impedirá que dicha notificación sea considerada plenamente válida complica mucho la dinámica y puede generar continuas vulneraciones de derechos fundamentales.
Y tampoco tiene sentido la diferenciación entre notificaciones en papel y electrónicas, eliminando la obligación de publicar en el BOE en caso de que los intentos de notificación fuesen infructuosos.
En fin, esperemos que no tarde mucho en haber un Parlamento operativo que pueda modificar la regulación para corregir esos dos aspectos y que, hasta ese momento, los Juzgados y Tribunales ordinarios, primeros garantes de los derechos fundamentales según dice la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 6/2007, de 24 de mayo, amparen a los ciudadanos para impedir que se vulneren sus derechos fundamentales y se les genere indefensión.
Mucha suerte a tod@s en la aplicación de la nueva Ley!
Diego Gómez Fernández –Abogado-

Original: http://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/single-post/2016/09/30/Las-nuevas-notificaciones-electr%C3%B3nicas-de-la-Ley-392015-de-Procedimiento-Administrativo-Com%C3%BAn-pueden-generar-indefensi%C3%B3n
por: Diego Gómez Fernández -Abogado-
Publicado: September 30, 2016, 11:37 am

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