El subtítulo de esta entrada bien podría ser «contratos por votos», pues a eso precisamente me quiero referir. No son pocos los Ayuntamientos que destinan grandes cantidades de recursos económicos -sobre todo a través de subvenciones de otras Administraciones- para crear bolsas de trabajo, planes de empleo o programas con denominaciones variopintas y con la supuesta intención de cubrir determinadas demandas o llevar a cabo ciertos proyectos, pero que en no pocas ocasiones suponen, por su configuración, aplicación, destinatarios o gestión, un mecanismo de los Alcaldes para lograr votos.
Parece mentira que a estas alturas de la película, cuando parecían superados los tiempos del denominado caciquismo y de aquella vergonzosa compra de votos, cuando el ordenamiento trata de favorecer una Administración transparente, seria, eficaz y eficiente, y desde el ámbito profesional se está trabajando con ahínco en lograr su mejora (la denominada buena Administración) todavía se den estas prácticas que utilizan el dinero y los recursos públicos para intereses totalmente ilegítimos.
Una cosa es que las Administraciones lleven a cabo proyectos para conservar y mejorar el espacio público (zonas verdes, aceras, limpieza viaria…), para lo que se puede acudir a diversos mecanismos como los antes mencionados y entraría dentro de sus competencias, pero otra es utilizar esos mismos medios con una muy distinta intención última, desviada de su objetivo real.
El problema es mucho más profundo que la mera creación de esas bolsas, planes y programas diversos. El problema es que no existe una verdadera intención de invertir el erario público en resultados palpables y que queden en beneficio de los ciudadanos sino que se malgasta. No hay una planificación seria en la visión y misión de esas Administraciones, no se aplica la eficacia y la eficiencia; no se busca captar el talento ni a los mejores, y no se gestionan bien esos programas.
Bajo la excusa de «sacar del paro» a personas en riesgos diversos, más desfavorecidas, las Administraciones locales se están convirtiendo en ETT, en empresas de trabajo temporal, e incluso algunas de ellas hacen gala de ello. El espíritu y el texto del EBEP y del resto del ordenamiento quedan en agua de borrajas, sin hablar de los métodos de gestión de esas bolsas, en ocasiones saltándose los turnos en función de a quién le toca, etc. Descontrol en espíritu de estos mecanismos, descontrol en el gasto, descontrol en la eficacia.
¿Debe la Administración contratar a los mejores, como exige el EBEP, o se puede exceptuar este requisito para ayudar a quienes menos oportunidades de encontrar trabajo tienen? No critico la buena fe que pueda subyacer en esas políticas de ayudar a los más desfavorecidos, aunque también es cierto que las Entidades Locales no están para esto, no es su misión. Lo que sí se encuentra fuera de toda ética y del ordenamiento es crear estas ETT´s con dinero público con el fin de captar votos.
El problema último, que aqueja a nuestras Administraciones en esta y otras áreas, es la falta de controles por parte de las Comunidades autónomas y el Estado sobre el funcionamiento de las Entidades Locales, que campan a sus anchas. Esta es la asignatura pendiente, controlar, verificar, evaluar el funcionamiento de la Administración en su conjunto, de todas ellas, pues seguimos creando normas que no se cumplen, y así nos va.
