Los servicios sociales en la reforma de la Administración Local

Antes de nada dejar sentada una cuestión: los servicios sociales municipales, tal y como ahora los conocemos, a partir del 1 de enero de 2016 dejarán de estar en el ámbito de los Ayuntamientos para pasar a ser competencia de las Comunidades Autónomas, cuando sin embargo hasta ahora, con la actual Ley de Régimen Local, son competencias propias municipales, y lo vienen siendo desde mediados del Siglo pasado.

Es verdad que estamos ante una competencia de las que podría ser delegada en los Ayuntamientos. De hecho el propio Ministro Montoro, en la reciente sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, dijo que el Gobierno va a impulsar que estas deleguen esas competencias en materia de servicios sociales en las Corporaciones Locales porque son las que mejor saben hacerlas, insistiendo en que se deben potenciar estas administraciones locales al ser las más cercanas al ciudadano y por lo tanto las que mejor proveen en muchos de esos servicios públicos de los que depende su bienestar y la superación definitiva de la crisis económica.

¿Entonces por qué se despoja a los Ayuntamientos de esas competencias en materia de servicios sociales que han hecho que vivamos en el estado de bienestar que conocemos?. La respuesta que se está dando es porque de esta manera se garantiza su financiación, llegándose a afirmar, con poco rigor, que no va haber ningún cambio con respecto a la situación actual y sin embargo los Ayuntamientos recibirán el 100 % de su coste de las Comunidades Autónomas. Pero esto no es exactamente así. El propio Ministro Montoro, en la misma sesión del Senado, dijo que la regulación legal de estas competencias se supeditará a la dotación de la correspondiente financiación y que la existencia de esta condicionará esa delegación. Es decir, sólo se delegará lo que se pueda pagar, por lo que quienes dicen que todo va a seguir igual en realidad están mandando un mensaje perverso: si las Comunidades no podrán delegar lo que no puedan pagar al 100 % ¿quiere esto decir que ahora, que están pagando una media en España entre el 30 y el 40% del coste, el dinero que deberían destinar a servicios sociales lo están dedicando a otra cosa?. Pues no, la verdad es que no tienen fondos suficientes para hacer frente al 100% de este gasto, por lo que o se les permite hacer fotocopias a los billetes o no habrá delegaciones como para que los servicios sociales sigan siendo como hasta ahora.

Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor: supongamos que tres Ayuntamientos tienen, cada uno de ellos, una trabajadora social que se dedica a una cantidad ingente de materias: ayuda a domicilio, dependencia, vejez, infancia, abandono escolar, exclusión social, drogodependencia, mujer, maltrato, desestructuración familiar, etc., etc. Y con la reforma la Comunidad Autónoma sólo puede hacer frente al 100% del coste de una trabajadora, en ese caso delegaría en uno de los Ayuntamientos con la condición de que atienda a los tres, con la consiguiente pérdida de calidad en el servicio al ser humanamente imposible que una sola persona pueda hacerse cargo de todo esto. ¿Seguirá existiendo el servicio social de base municipal?, técnica y teóricamente sí, pero en la práctica no será ni parecido a lo que conocemos hoy. Y si extendemos el ejemplo a la ayuda a domicilio la cosa ya no tiene color, pues es imposible que una trabajadora preste el servicio que dejarían de prestar otras dos, con lo que sólo se podrán atender los casos más graves de dependencia. ¿Seguirá existiendo el servicio de ayuda a domicilio?, técnica y teóricamente sí, pero, igualmente, no será ni parecido al de ahora. Y con toda seguridad las Comunidades Autónomas acabarán delegando en las capitales y en los grandes municipios, porque es donde se concentra el mayor número de habitantes y será hasta donde puedan pagar, mientras que el rural, que es la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, quedará desasistido y pendiente de su atención a través de los servicios de la propia Comunidad, con la consiguiente lejanía de la realidad social. Todo ello sin contar con el paro que se generará en este sector..

¿Seguirán siendo, por lo tanto, los servicios sociales municipales como hasta ahora?. Está claro que no. En cualquier caso será el tiempo quien dé y quite razones. Y 2016 no está tan lejos, el único problema es que, si  tenemos razón los que vemos en esta Ley el desmantelamiento del actual sistema social, cuando se nos quiera reconocer será demasiado tarde para todos.

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