Monopolios gubernamentales en telecomunicaciones

No hay dudas que la determinación formal de un monopolio legal en un servicio prestado por el Gobierno (no confundamos con el Estado), es un tema de discusión según se trate de qué servicio.

Pero existe un consenso con respecto a ciertos servicios elementales y básicos como agua, energía eléctrica, salud, entendiendo que, se actúe en posición de monopolio o competencia total o parcial, estos servicios no pueden de ninguna manera ser ajenos al Gobierno, es decir que deben ser si o si ofrecidos a la población por las administraciones públicas.

Materia muy diferente resulta de servicios tecnológicos, desde los más nombrados como la telefonía, hasta la conectividad a Internet u otros servicios más específicos o complejos.

Siempre pensando desde la óptica del ciudadano, no se nos ocurriría que la Administración Pública ofrezca de manera monopólica, servicios de alojamiento de sitios web (hosting), o de certificación y firma electrónica, tampoco de emisiones televisivas o de radio, pero servicios de acceso a Internet y telefonía, son hoy controversiales y reúnen, ambos, bibliotecas extensas de expertos tanto juristas como técnicos, especialistas en economía y mercado, hasta sociólogos.

El problema surge cuando dejamos fuera de la ecuación algo tan básico como el avance mismo de la tecnología y la técnica en sí como contexto de desarrollo de estos servicios.

Agreguemos sazón y tememos en consideración también la necesidad de colocar en el mercado nuevas tecnologías y servicios diseñados por los proveedores, fabricantes y demás. Una introducción que puede o no ser bajo toda la mirada de legalidad. Muchas veces contraviniendo en silencio y en las sombras, a estos monopolios formales constituidos por empresas públicas y estampados en papel por leyes y decretos.

Ahora bien, ¿realmente tiene sentido que una empresa o dependencia estatal, ministerio o no, tenga el monopolio hoy de un servicio como la telefonía fija o de conectividad a Internet por algunas de las tecnologías disponibles, por ejemplo ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) o fibra óptica?.

Sería una arrogancia responder que sí y un pensamiento muy inocente e ingenuo.

Esto no quiere decir que las administraciones públicas no deben proveer estos servicios y en el caso del acceso a Internet, no olvidemos que es un derecho humano declarado por Naciones Unidas.

Pero en la práctica estos monopolios están tambaleando o simplemente derribados, de hecho hoy podríamos dudas de su real aplicación, y si alguna vez lograron serlo en pleno. La utilización de un tipo de tecnología de forma monopólica para conectarse a Internet y ofrecerlo como servicio, nada tiene que ver con el acceso mismo a Internet.

Pero si acceder a Internet presenta hoy tantas opciones a un costo muy accesible, cuando no gratis, ¿qué sentido tiene monopolizar una de esas opciones en manos del Gobierno para ofrecerla a los ciudadanos?. Convengamos que no quiere decir que el Gobierno ofrezca este servicio a costos convenientes, muchas veces son una fuente de ingresos que dista mucho de serlo con un sentido social o benevolente con la ciudadanía.

Muchas veces el servicio se hace efectivo a través de empresas de derecho privado pero propiedad del Gobierno y que son un player más en la oferta sin ningún tipo de consideraciones para con la condición gubernamental.

Por otro lado tenemos la telefonía IP, más popularizada como VoIP. Si tomamos en cuenta que en 1995, VocalTec lanzó su primer teléfono Internet y comenzó la comercialización de esta nueva posibilidad de voz en las telecomunicaciones, hablamos que ha corrido mucha agua bajo el puente.

Vi desde dentro como sobre fines de los noventa y particularmente los primeros años del 2000, ya empresas de tecnología especializadas en hardware, software y comunicaciones, proveían a empresas de varios países que visité, incluido el mío, esta maravilla, donde era ya posible interconectar todas la filiales de una multinacional a una única central telefónica y actuar como una sola unidad, lo que hacía que desde cualquier oficina del mundo se levantara el teléfono y se discara el número de cualquier extensión de otra oficina de la empresa, sin que ello significara una llamada de larga distancia internacional.

Y esto ocurría a espaldas de la legalidad y de varios monopolios establecidos en favor de algunas telefónicas estatales o empresas privadas de mayoría accionaria del los gobiernos.

¿Entonces?, ¿será que esta lucha por el monopolio en el campo de la tecnología y particularmente de las telecomunicaciones es una lucha fútil?. ¿Obedece a intereses espurios o derechos adquiridos manejados por grupos como los sindicatos o ciertas reparticiones públicas?, ¿será que existe una raíz de temor relacionada con fuentes de trabajo o perder el control sobre la cosa pública en materia de comunicaciones?

La tecnología supera todo monopolio, legal o de facto, con apoyo o no de los gobiernos, la técnica hoy deja sin sentido a una discusión que sigue sobre la mesa y de la mano de, aparentemente, imberbes de la tecnología. Se trata de una discusión que no aplica un mínimo racional o lógica.

En vez de monopolizar este tipo de servicios, ¿no será hora de atender una competencia transparente en beneficio del ciudadano, regulando aspectos como seguridad y dejando a la Administración Pública fuera de una pugna que suele hacerla perversa, como lo es la de conquista de mercados y tarifas?, nunca este tipo de servicios en manos de las administraciones públicas ha tenido un régimen de tarifas pensando en el ciudadano, sino en la competencia. Nunca este tipo de servicios se ha orientado a alcanzar a los “off-line” si no le significaba cierta rentabilidad o equilibrio de las cuentas e inversiones. (salvando alguna excepción por supuesto)

Volviendo al principio, no confundamos la obligación y responsabilidad que debe asumir la Administración Pública sobre los servicios básicos a la población, sin dudas que un Gobierno está moralmente obligado a proveer ciertos servicios entendidos como elementales e inherentes a la condición humana de la vida en sociedad, pero, lejos está en ser consecuente esta obligación con la figura de un monopolio en todos y cada uno de estos servicios.

Existen zonas grises, tanto conceptuales como legales, pero de ninguna manera éstas impiden que la tecnología avance y que la efectividad de dichos monopolios sea hoy muy relativa o incluso nula.

Es momento de repensar el papel del Gobierno y las Administraciones Pública en el juego de mercado de servicios de conectividad o telefonía. Es momento de dejar de lado arengas perimidas en la voz del sindicalismo más radical y arcaico, o discursos fútiles del poder político en función a intereses confusos entre un asistencialismo y el deber ser.

Mauro D. Ríos.-

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