Municipio y anulación de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los altos funcionarios públicos

MUNICIPIO Y ANULACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EMOLUMENTOS, PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com

La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público, cuya versión más reciente data del año 2011.

El texto normativo en referencia tenía como objeto regular y establecer los límites máximos a los emolumentos, pensiones, jubilaciones y demás beneficios sociales de carácter remunerativo o no de los altos funcionarios, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular,

Los parámetros por los cuales se debían fijar sus pagos fueron:

1.- En función de la población.

2.- Situación económica.

3.- Presupuesto consolidado y ejecutado.

4.- Ingresos propios.

5.- Disponibilidad presupuestaria sin afectar los gastos de inversión.

6.- El ámbito territorial del municipio.

7.- De aplicación para los niveles central y descentralizado.

Los Altos Funcionarios en el nivel municipal, según esta Ley, son los alcaldes municipales, distritales o metropolitanos; concejales municipales, distritales o metropolitanos; contralores municipales, distritales o metropolitanos y síndicos procuradores.

Es oportuno recordar que, en el caso de la ciudad de Caracas, de conformidad con la Ley Especial del Régimen Municipal a 2 niveles del Área Metropolitana de Caracas (2009), no existe la figura de Síndico Procurador Metropolitano o Procurador Metropolitano.

Esta Ley dispone que este funcionario cesará en sus funciones una vez vigente la Ley Especial. No se señaló motivación para tal determinación.

Los concejales – durante años – intentaron mejorar su condición de vida, ya que se hizo recurrente el ejercicio de acciones ante el Máximo Tribunal para cambiar la orientación del Estado, por cuanto la remuneración prevista no era sueldo o salario sino dieta.

La dieta está reseñada en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), al referirse a los ediles cuando señala que, de no presentar “… la rendición de su gestión legislativa y política del año inmediatamente anterior…, se le suspenderá la dieta hasta su presentación…” (Cursivas mías).

Siguiendo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, nos indica que dieta es “…Honorario que los funcionarios de diverso orden devengan durante los días que realizan una comisión que les ha sido confiada”.

Otra de las acepciones es “…Estipendio que se da a los que ejecutan comisiones o encargos por cada día que se ocupan de ellos, o por el tiempo que emplean en realizarlos…”

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público los legisladores locales – por ser de elección popular – se pensó en una apertura de la puerta para legitimar la aspiración de estos servidores públicos, con las condicionantes allí fijadas, además que tampoco podrán optar con carácter retroactivo, de acuerdo con el principio constitucional.

También cerraría la larga lista de recursos de interpretación y nulidad cursantes en el Máximo Tribunal en espera de pronunciamiento.

Ahora bien, ¿cuál es el origen de toda esta controversia?

La dieta es un pago por sesión, lo que causaba polémica frente al de sueldo, el cual – según la legislación laboral – es la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que sea su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal (Bolívares) que corresponda al trabajador por la prestación de su servicios y comprende primas, comisiones, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, recargos, horas extraordinarias, trabajo nocturno, alimentación y vivienda.

La idea era fijar un tope máximo a las remuneraciones para los altos funcionarios a través de la implementación de mecanismos de control y seguimiento para las remuneraciones de os funcionarios del más alto nivel.

Se trató de una forma para el combate contra la corrupción que el Constituyente pensó podía ser idóneo; la Carta Magna posee una norma en la que se ordena al Legislador Nacional establecer – mediante ley orgánica – un límite razonable de las remuneraciones para los más altos rangos funcionariales en los tres ámbitos territoriales del poder público.

Ello, especialmente en el caso de los concejales, fue fuente de grandes polémicas con las contralorías municipales y la nacional en cuanto al derecho a percibir otros beneficios más allá de sus dietas.

Ejemplo eran el beneficio de fin de año o prestaciones sociales al finalizar sus períodos.

El Órgano de Control Fiscal Nacional tomó como premisa que al no ser la dieta un sueldo, pese a que se obtenía con periodicidad fija, no se originaban pasivos laborales y otras derivaciones propias de quienes prestan servicios en el ámbito público.

Dado que no le son aplicables la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002) por ser de elección popular ni existir otro texto legal más allá de la mención de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal a que se hizo referencia, se partió que el pago de los concejales constituía como una retribución casi simbólica u honorífica en favor de los ciudadanos; sin embargo argumentaron que debía modificarse el criterio, para lo cual basaron sus recursos en símiles laborales o constitucionales pero no obtenían satisfacción en sus pretensiones-

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público (2011), los concejales pensaron se podría transitar el camino deseado.

A principios del año 2017 se introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción basada en la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público por parte de una legisladora estadal argumentando que la aplicación de este texto desmejoraba su calidad de vida, al igual que la de su grupo familiar.

Tras admitir el Tribunal declaró el asunto como de mero derecho y procedió a resolver el fondo de la controversia declarando – a escasos meses – totalmente nula la mencionada Ley Orgánica; para ello razonó la decisión en:

1.- La progresividad de los derechos,

2.- Derecho a la no discriminación.

3.- Irretroactividad de la ley.

4.- Intangibilidad y progresividad de los derechos laborales.

5.- Derecho a un salario digno.

6.- Previsión presupuestaria en el sector público.

7.- Principios del régimen socioeconómico de la República.

8.- El trabajo como hecho social.

Concluyó la Sala que se originó una depresión en el ingreso y derechos de los sujetos que prestan su desempeño en los cuadros de mayor nivel en el ámbito público, dado que – aun cuando la Constitución de la República ordena una limitación en la remuneración – no es menos cierto que debe armonizarse, lo que no ocurrió en el presente caso por la manera como abordó el legislador el tema y así lo plasmó en su articulado.

Por tal razón en la parte dispositiva del fallo se acordó la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Alto Tribunal, en cuyo sumario se expresará:
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.952, del 12 de enero de 2011”.

Declaró “… con efectos ex tunc o hacía el pasado del presente fallo; en consecuencia, los órganos del Estado deberán reconocer a las máximas autoridades previstas en la Ley la recompensa por antigüedad en el servicio prestado por las máximas autoridades, la cual tendrá incidencia en los haberes a recibir por los sujetos regulados en la ley anulada…” (Tomado de la Sentencia).

También la notificación del Presidente de la República, de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República, del Fiscal General de la República y de la Asamblea Nacional Constituyente.

Llama la atención que omitió al autor del acto, es decir, la Asamblea Nacional.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

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