MUNICIPIO Y LEY DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y EL AIRE I
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com
Cuando se estudian materias como Derecho Administrativo y Ambiental se encuentra el lector con principios generales que deben mantenerse firmes ante las continuas solicitudes de particulares o del sector público para modificar espacios porque – de ocurrir – podría alterar gravemente el equilibrio colocando en riesgo hasta la propia existencia de la especie humana.
Ejemplos de ello se observan con frecuencia en el campo urbanístico.
Los cuerpos de seguridad ciudadana en las áreas de protección civil y bomberos enfrentan hechos relacionados con lo enunciado como parte de su labor rutinaria, al igual que – como instituciones llamadas a la prevención – haciendo las gestiones pertinentes para el cese o modificación de prácticas nocivas
Por cuanto es innegable que estamos interconectados en lo ambiental porque lo que se daña en una zona repercute – con el tiempo en mayor o menor grado – en otra así parezca distante, a nivel mundial se han unido esfuerzos a través de los mecanismos del Derecho Internacional Público por medio de tratados, acuerdos y convenciones, para cooperar los estados signatarios en función de un planeta mejor.
Venezuela no escapa de ello y ha sido firmante de muchos instrumentos en este sentido.
En lo interno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) desde su Exposición de Motivos ha dedicado normas expresas dirigidas a garantizar políticas públicas más allá del mero conservacionismo, sino enmarcadas hacia el desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable.
De hecho, consagra la ordenación territorial con la participación ciudadana, obligatoriedad de educación ambiental en todos los niveles, protección especial hacia elementos como el aire, agua, suelos, costas, clima, capa de ozono y especies vivas.
Para ello se han aprobado, además de textos normativos de legislación supranacional, leyes como la Orgánica del Ambiente (2006), siendo pioneros en el continente en la creación de un ministerio del ambiente, hoy con otra denominación; Ley de Aguas (2007), Ley de Calidad de Aguas y del Aire (2015), Ley de Bosques (2013), Ley Penal del Ambiente (2012), Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley de Gestión Integral de la Basura, Ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos (2001), entre otras.
La presente entrega corresponde con la parte del elemento aire.
Dentro del elenco de competencias asignadas por la CRBV a los municipios se encuentra lo ambiental, concebido como una competencia concurrente, es decir, las ejercidas conjunta o coordinadamente con otros niveles del Poder Público.
En efecto, la Carta Magna establece que los municipios ejercen competencias en lo concerniente con la vida local sobre protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, servicios de agua potable, aseo urbano y domiciliario, entre otros.
Como competencias municipales relacionadas con lo ambiental puede citarse lo urbanístico; ello se materializa cuando se realiza el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL).
Otro ejemplo es la ordenanza que regula la zonificación, arquitectura y construcciones.
El Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo previsto por la Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas (2009), cuyo fin fue establecer una política integral que permita la planificación y coordinación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en concordancia con los municipios que lo integra, ejercía competencias en lo urbanístico y ambiental.
Otro caso semejante es el Distrito del Alto Apure, donde la Asamblea Nacional aprobó un texto normativo denominado Ley que crea el Distrito del Alto Apure (LDAA, 2001), para establecer las condiciones y características de un régimen especial en los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos del Estado Apure.
Se conformaba por los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos, ambos del Estado Apure, siguiendo para ello las normas de la Ley de División Político Territorial del Estado Apure, dictada por el órgano legislativo estadal.
Su asiento principal era la ciudad de Guasdualito, ubicada en el Municipio Páez. Sus Límites se fijaron así: por el norte con los Estados Táchira y Barinas y el Municipio Muñoz del Estado Apure; por el sur con la República de Colombia y el Municipio Pedro Camejo del Estado Apure; por el este con los Municipios Muñoz y Achaguas del Estado Apure; por el oeste con la República de Colombia y el Estado Táchira.
Su sistema se planteó a dos niveles, lo cual significa que existió un régimen distrital y municipal.
Ello implica que estaba concebido como una instancia de planificación y coordinación con el ámbito local para alcanzar el desarrollo armónico e integral.
Un tercer ejemplo es el Territorio Insular Miranda; nace como forma de organización dentro de las dependencias federales que conforman el Archipiélago Las Aves, Archipiélago Los Roques y el Archipiélago La Orchila, mediante Decreto con rango y fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular Miranda en el año 2011 (DLTIM), basado en el Decreto con rango y valor y fuerza de Ley Orgánica para las Dependencias Federales (2011) y la llamada popularmente Ley Habilitante del Presidente de la República (2010).
Como es considerado un régimen especial de gobierno, de acuerdo con el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica para las Dependencias Federales (DLODF, 2011), la función ejecutiva es ejercida por un Jefe de Gobierno en representación del Ejecutivo Nacional, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, quien se encargará de la organización y administración de dicho territorio.
Dentro de las competencias del Jefe de Gobierno se encuentran:
– Velar por el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, decretos y demás instrumentos normativos, así como de las instrucciones impartidas por el Ejecutivo Nacional.
– Coordinar con los órganos y entes nacionales la implementación de las competencias respectivas en el Territorio.
– Coadyuvar en el resguardo ambiental.
La Ley de Calidad de las Aguas y del Aire no hace abstracción territorial por lo que se entiende su aplicación en toda la República e incluye a estas organizaciones especiales dentro de la gestión pública.
Siendo el aire un componente vital la Ley Orgánica del Ambiente fija la rectoría en el Ejecutivo Nacional, por lo que se habla de competencia concurrente a nivel municipal.
Aquella Ley busca – como su nombre lo indica – la fijación de mecanismos de control para emisiones y factores contaminantes del aire, las condiciones sobre las cuales se deben manejar los residuos y desechos gaseosos – en el presente caso – con miras a la protección del ambiente.
Las regulaciones sobre materiales peligrosos, sustancias y sustancias se remitieron a la Ley de sustancias, materiales y desechos peligros (2001); las concernientes con desechos sólidos no peligrosos se regulan por la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010).
Especial énfasis en la participación ciudadana ya que las personas tienen consagrado derechos como el acceso a la información sobre procesamiento de residuos y desechos durante la operación en etapas como la generación y eliminación, al igual que sobre formación y capacitación básica para el manejo apropiado.
Aquí los municipios, siguiendo a las Leyes Orgánicas del Ambiente(2006)y la del Poder Público Municipal(2010), pueden generar programas y proyectos tendentes al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, no solamente con los medios participativos a que se contrae la Ley de Calidad de Aguas y Aire, sino también por los establecidos en aquéllas, ya que la educación ambiental es competencia legal del ámbito local, pudiendo esa organización generada a partir de la sensibilidad con esta materia aplicarla en otros órdenes.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
