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Municipio y Ornato Público I

MUNICIPIO Y ORNATO PÚBLICO I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com

Los espacios públicos en las ciudades y pueblos son lugares que deben servir para el encuentro, dado que son bienes que nos pertenecen a todos por su naturaleza pública.

El concepto de bienes es de corte legal o jurídico; por su parte, las cosas son porciones del mundo exterior; ahora bien, para que una cosa llegue a ser objeto de derecho, es menester que sea tomada en consideración por las normas jurídicas y reciba una clasificación.

De allí que el Código Civil Venezolano (CCV, 1982) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) nos hablan de bienes muebles e inmuebles, cuando aquél establece que las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles o inmueble o los bienes pertenecen a la Nación (República), los Estados y Municipios.

En esto de los bienes el ornato público ha jugado un papel protagónico, ya que – tradicionalmente – le corresponde al municipio por aquello de asuntos concernientes con la vida local.

Tan cierto es que, en determinadas épocas del año, los espacios públicos se transforman, como en el caso de Navidad o Semana Santa, llegando – inclusive – a modificarse los patrones habituales de vida de los ciudadanos.

Un ejemplo son las procesiones en la Semana Mayor, ya que se restringe el tránsito automotor, cierre (no apertura al público, ni entendido como sanción) de algunos comercios o prohibición de venta de determinados productos.

La decoración de calles, avenidas y otros lugares permite la apertura de distintos enfoques desde la gestión pública, tales como turismo local, economía, seguridad, bienes públicos, recreación, deportes, entre otros.

En cuanto a las relaciones entre autoridades y comunidades también ha sido objeto de múltiples debates, puesto que la participación ciudadana abre el compás para trabajar en aras de una marca territorial; vecinos, comerciantes, funcionarios públicos, profesionales como: abogados, arquitectos, urbanistas, sociólogos, politólogos, ingenieros, economistas, administradores, por mencionar algunos, siempre realizan aportes – no solamente económicos – sino también sugerencias o reclamaciones.

Recordando que la marca territorial es un valor distintivo o diferenciador aplicado sobre un espacio determinado que genere credibilidad y prestigio, lo cual permitiría ventajas competitivas frente a otros. No siempre tiene que ver o ser turismo.

Si los municipios implementen estrategias que tiendan a propender el uso de una marca territorial, se genera en las personas una reputación que se transmite por distintos medios (tecnológicos o no) para la promoción de productos, servicios u otros de igual o distinta naturaleza.

Cuando existe buen ornato público el municipio se beneficia porque atrae inversiones, residentes, generación de empleo, emprendimiento, reforzamiento de la identidad local, entre otros, para mejorar la calidad de vida.

Nada secundario es el tema.

Al respecto la legislación venezolana, tanto en lo nacional como municipal, ha aprobado diversos instrumentos jurídicos, bien sea de rango legal o sublegal.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asigna competencias al municipio y allí está comprendido el ornato público.

En la legislación nacional se puede mencionar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), la Ley Orgánica del Ambiente (2006), la Ley Orgánica para la Ordenación Urbanística (1987), la Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014), Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (reformada en 2007), Ley de Calidad de Aguas y Aire (2015), Ley de Bosques (2013), Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009), Ley de Contrataciones Públicas (2014), Ley Orgánica de la Administración Pública (2014), Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2015), entre otras, pese a que no hagan alusiones directas al ornato público.

Por su parte, los municipios al examinar las normas atribuidas al ámbito local relacionadas con el ornato público, se observa que deben actuar en materias como el ambiente, ordenación urbanística, turismo, patrimonio histórico, arquitectura civil, nomenclatura urbana; parques, jardines y plazas.

Sin embargo, no precisa mayores detalles por lo que el legislador recibió ese encargo y lo desarrolló en instrumentos normativos porque se encuentra el lector que – algunas de ellas – también las poseen otros niveles del Poder Público, lo que se ha dado en llamar como competencias concurrentes, aunque el objeto de estas líneas encuadra más dentro de las llamadas competencias propias.

Lo cierto que un buen ornato público resulta grato para los ciudadanos residentes o transeúntes, las organizaciones sociales o comunitarias y demás personas jurídicas,

Tanto los funcionarios o servidores públicos sin importar su ubicación administrativa y de cualquier naturaleza – investidos o no de autoridad – están en la obligación de colaborar con las autoridades municipales en la estricta aplicación de las disposiciones que se dicten sobre ornato público.

Una de las razones por las cuales se legisla en esta área es porque la planificación, el mobiliario, el equipamiento y otros de la gestión urbana, suelen pasar desapercibidos a primera vista, aunque la falta o deficiente implementación de legislación, programas, proyectos y otras actividades, sí se percibe de forma evidente.

La gestión sobre ornato público implica la coordinación de varias dependencias del Municipio, tales como: ambiente, planificación, presupuesto, obras y servicios, administración tributaria, movilidad urbana, policía, cronista, entre otras, como integrantes del Ejecutivo Local.

También involucra al Concejo Municipal y la Contraloría Municipal por las funciones de control de ambos, además de las legislativas de aquél.

Las principales obligaciones en cuanto al ornato público, que el poder público municipal debe desplegar tomando algunos elementos de un proyecto de ordenanza del Municipio Chacao en la que este autor trabajó, pueden resumirse así:

1º Responder por la conservación y la tutela de los bienes municipales.

2º Mantener los espacio públicos en buen estado de aseo y mantenimiento; para ello deberán contar con los equipamientos funcionando adecuadamente, tales como: papeleras, señales, alumbrado.

Quedan comprendidas las labores de servicios: aseo urbano, desmonte, desmalezamiento, riego y poda de los árboles, cada vez que se requiera a efectos del ornato público.

3º Garantizar la seguridad, lo que incluye un sistema de vigilancia permanente para la protección de personas y bienes, en coordinación con el cuerpo de policía municipal, al igual que otros órganos y entes de seguridad ciudadana.

4º Responder por la implantación de la disciplina urbanística, con el fin de velar por la conservación del medio urbano y de las edificaciones para que se mantengan en condiciones de seguridad y salubridad.

5º Elaborar un plan de intervención específico orientado al fomento del comportamiento cívico y la convivencia ciudadana en parques, plazas, entre otros, de uso público del municipio.

Los ciudadanos, como usuario de los espacios públicos, tienen derecho a:

1º.- Uso en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad, estética y salubridad.

2º.- Derecho a la tranquilidad y al descanso a través del disfrute.

3º.- Derecho a la circulación afable, a no ser abordado para el ofrecimiento de bienes o servicios que no ha solicitado ni ser interferidos en su circulación como peatones por dispositivos de movilidad que impliquen incomodidad o riesgo.

4º.- Derecho a la información actualizada sobre actividades y actuaciones municipales; recibir orientación sobre los requisitos administrativos, técnicos o de cualquier otro tipo que le requiera la legalidad vigente.

5º.- Derecho universal a la convivencia en un ambiente de civismo donde se respete toda manifestación pública de cualquier creencia o ideología que se desarrolle dentro del marco que establecen la Constitución de la República y las leyes.

6º.- Derecho a recibir trato respetuoso, adecuado e igualitario por parte de las autoridades como de los funcionarios municipales, que permitan el ejercicio de los derechos individuales y el cumplimiento de sus obligaciones.

7º.- Derecho a solicitar la intervención eficaz de la autoridad, cuando sea perjudicada por la realización de actitudes o actividades prohibidas según alguna disposición legal vigente.

Pero, como los derechos también imponen deberes, les corresponde a todas las personas que residan, laboren o transiten por el Municipio colaborar con las autoridades locales, las asociaciones de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la utilización, conservación, defensa y el mejoramiento de los espacios de uso público y preservar el ornato.

Asimismo, tendrán el deber de denunciar ante aquéllas cualquier actividad que pueda deteriorarlos o impedir total o parcialmente su uso, conservación, defensa y mejoramiento.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

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