Nuevas formas de participación ciudadana y transparencia en la elaboración de las normas (I): el gobierno abierto normativo

 2 de octubre. A partir de esta fecha han cambiado (o deberían cambiar) en la administración pública no pocas cosas. Entre ellas, el procedimiento de elaboración de las normas.

¿Cómo nos afecta este cambio como ciudadanos?

En primer lugar, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) además de establecer, ahora sí, con carácter definitivo, el funcionamiento electrónico de la administración pública, conlleva un notable incremento de la transparencia en diversos aspectos, entre otros, el normativo.

Para hacer realidad el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en la elaboración de las disposiciones normativas se introduce un nuevo Título VI, que contempla la transparencia como uno de los principios normativos y distintas herramientas para la mejora de la calidad regulatoria, de todos, el más novedoso, la consulta pública, alineada con los objetivos de gobierno abierto, de abrir los procesos de toma de decisión normativa al conjunto de la sociedad.

Será en el artículo 133 LPAC donde se recoge que, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Las técnicas para la introducción de este nuevo trámite en el proceso de producción normativa puede comprobarse ya en las primeras iniciativas aprobadas:

En segundo lugar,  además de ese proceso inicial que se produce en una fase embrionaria, cuando todavía se carece de anteproyecto, cuando sí exista ya redactada una iniciativa y la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el órgano responsable publicará el texto en el portal web correspondiente, publicación que deberá insertarse en el portal de transparencia, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Audiencia e información públic que podrán ampliarse recabando directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

No obstante, no debemos olvidar que la LPAC prevé una serie de supuestos excepcionados de los trámites de consulta, audiencia e información:

  • Normas presupuestarias u organizativas de la Entidad local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas

  • Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen

Excepción que, en relación a la consulta pública todavía admite un supuesto más, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. Será necesario emplear interpretaciones restrictivas en la aplicación de estos supuestos para evitar vaciar de contenido este derecho de participación ciudadana.

Pero la transparencia no se limita a configurarse como un mero principio inspirador de la regulación ni a introducirse en el procedimiento previo de elaboración de las normas, sino que, en paralelo, la LPAC, prevé distintos mecanismos a través de la participación ciudadana en el proceso de elaboración, a través de la planificación y a través de la evaluación y seguimiento de la actuación normativa, que examinaremos en nuestra siguiente entrada.

 

Todo ello salvando los obstáculos y dificultades derivadas de la brecha digital, pues recientes experiencias de consultas populares han demostrado ya las barreras que, en un momento determinado, pueden suponer, por lo que será necesario establecer los mecanismos de garantía para materializar la efectiva participación ciudadana, no olvidemos que se trata del desarrollo de un derecho constitucionalmente reconocido, y diseñar los mecanismos para su ejercicio eficaz. Como ejemplo la reciente experiencia descrita a continuación «La odisea de votar en el referéndum sobre la Feria de Abril de Sevilla»

 Y como prueba de que el movimiento se demuestra andando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha puesto en marcha un proceso de consulta pública previa, precisamente en relación con la implantación de la administración electrónica, se trata de la Consulta pública del Minhap sobre reglamento de funcionamiento electrónico
 
 
 
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