El Gobierno acaba de aprobar el techo de gasto, incrementándolo en 5.230 millones para 2019 con respecto a 2018. Igualmente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha anunciado un aumento de 2 décimas en los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Comunidades Autónomas, que se traduce en 2.500 millones. Y en la Comisión Nacional de Administración Local ha explicado que se está estudiando la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit en participar en programas de desarrollo a través de fondos europeos.
Bien, vayamos por partes. El Gobierno ha conseguido de Bruselas una cierta relajación en los objetivos de déficit y deuda pública porque los números del conjunto de Administraciones Públicas han ido cuadrando en los últimos años, pero ello ha sido gracias al superávit continuado y acumulado de la Administración Local. ¿Y cuál es su comportamiento?, pues repartirse el resultado entre el Estado, que es el mayor incumplidor de los objetivos de déficit, y las Comunidades Autónomas, que nunca tienen suficiente. Es decir, mientras para los Ayuntamientos, que es gracias a quienes se ha conseguido esto, se va a estudiar en qué pueden gastarse el superávit para el resto de Administraciones Públicas se habla de aumentar el déficit.
Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien: Esto es como si unos padres anotan a su hijo a una competición y la gana, pero el premio se lo reparten entre los padres y sus amigos mientras que al hijo le prometen que si se sigue portando bien y sigue ganando competiciones a lo mejor le dejan que se compre algo con sus ahorros.
Pero en la Comisión Nacional de Administración Local se ha hablado de más cosas, como estudiar dotar de mayor transparencia la regla de gasto para los entes locales, encargo este que se hará al grupo de trabajo ya constituido entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP. Pues bien, de este grupo, que el anterior Gobierno denominó Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local, quisiera decir algo. Es curioso que se llamase Comisión de Expertos a un grupo de trabajo en el que no hay ningún experto, entendido como con experiencia práctica de la Administración Local. Se trata de un grupo formado íntegramente por profesores universitarios que sabrán mucho de teoría, de datos oficiales, de lo que está en los libros, etc. pero no saben lo que se siente desde el sillón de un Interventor municipal, de los que he echado en falta su presencia en este grupo, por lo que el trabajo realizado es muy bueno como propuesta de modificación de la Ley de Haciendas Locales pero en ningún caso como propuesta de modelo de financiación local. Y es una verdadera lástima haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo para no sólo quedarse a medio camino sino dejar de recorrer el más complejo y a la vez urgente.
También se ha anunciado la constitución de otro grupo de trabajo entre el Ministerio de Política Territorial y la FEMP para la revisión de las competencias municipales, tan afectadas negativamente por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y seguro que tampoco en ese grupo habrá Secretarios municipales, que no sólo conocemos al dedillo la problemática en esta materia sino que somos verdaderos expertos en ella, pues al fin y a la postre somos los que tenemos que informar sobre la aplicación de la Ley y el ejercicio de dichas competencias.
Sinceramente no alcanzo a comprender el por qué tanto desde el Gobierno como desde los representantes de los Alcaldes se desaprovecha sistemáticamente el enorme caudal técnico y humano de los profesionales sobradamente preparados que con una dilatada y contrastada experiencia puede aportar el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
En definitiva, las trazas no cambian. Tenemos nuevo Gobierno, pero parece que las malas costumbres se heredan.
Hola, Máximo.
En primer lugar darte las gracias por tu comentario, pero permíteme que te responda a algunas cuestiones:
El superávit de los Ayuntamientos no viene de los convenios firmados con las CCAA. Nada más lejos de la realidad. Este es un tema muy denso como para resumirlo en una contestación a un post, pero como resumen sirva que los Ayuntamientos tiene prohibido incurrir en déficit. En el momento que incumple estabilidad presupuestaria o la regla de gasto les cae Hacienda encima y tienen que aprobar un plan económico financiero (más conocido como plan de ajuste).
A los convenios que tu te refieres es a los que suelen firmar las CCAA con los grandes Ayuntamientos, donde si es posible que haya un traspaso de financiación, porque en los pequeños, para empezar, ya no hay convenios sino que deben acudir a la vía de las subvenciones para la financiación de servicios públicos, cuando esto es el “anticristo” de lo que debería ser un sistema de financiación de servicios públicos, por eso muchos reclamamos desde hace años la aprobación de una verdadera Ley de financiación local que no se quede sólo en una Ley de haciendas locales, como hasta ahora. Y cuando las CCAA firman convenios con los pequeños Ayuntamientos, mejor echarse a temblar, porque suelen ser para que se les financien a aquellas servicios suyos, que bajo el paraguas de que puedan ser también de interés municipal, aunque de competencia claramente autonómica, persiguen (y consiguen) que los Ayuntamientos aporten una parte en la financiación que corresponda.
Dices algo en lo que tienes mucha razón: la creación de servicios por parte de los Ayuntamientos con financiación del Estado y de las CCAA que luego tienen que mantener. Suelen ser servicios ligados o bien a esos convenios de que he hablado o a otros programas, como fue el “Plan E” u otros, normalmente arropados de pieles como “interés social” o “promoción del empleo”, o “desarrollo local”, etc. Y que finalmente están ligados más a competencias autonómicas que municipales, pero que suelen suponer la inversión de importantes cantidades de dinero para la construcción de algún equipamiento (pabellones, residencias, guarderías, etc.) o la puesta en marcha de algún servicio (centros de día, centros de la mujer, etc., etc.) sin pensar (los Ayuntamientos, que las CCAA si que lo saben) que después van a tener que mantenerlos y para eso no siempre hay ayudas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en la necesidad de proceder a la modificación de la actual planta local. En donde ya no coincidimos es en los objetivos. Yo creo que ir a Ayuntamientos de 20.000 ó 30.000 habitantes es inviable para la distribución poblacional española. Además tampoco creas que son estos los Ayuntamientos que mejores resultados arrojan. (por supuesto los de menos de 1.000 habitantes tampoco, a pesar de ser el 61 % del total de Ayuntamientos españoles)
Yo he estudiado mucho sobre el tema y también escrito mucho al respecto. Y te puedo decir que los que mejores resultados arrojan son los que están entre los 5.000 y los 20.000 habitantes. Por eso, después de estudiar la configuración del país por Comunidades Autónomas, mi propuesta es la de ir a unos Ayuntamientos que, salvo excepciones muy contadas y justificadas, en ningún caso estén por debajo de los 5.000 a 7.000 habitantes. (si quieres saber más sobre esto te invito a visitar mi web: http://fusiondeayuntamientos.blogspot.com/ o bien mi trabajo más específico y que tiene más relación con lo que estamos hablando, que puedes descargártelo en: https://drive.google.com/file/d/1qXskb2spYp0KhXNG8O2d5XvQdK3ltPXj/view
Por último, te voy a decir algo que seguramente te chocará, pero yo no soy tan partidario de entrada de suprimir las Diputaciones. Si comparamos las transferencias de fondos que reciben los Ayuntamientos de Comunidades uniprovinciales (y por tanto sin Diputaciones, asumidas sus funciones por la Comunidad Autónoma) con los de Comunidades pluriprovinciales (y por lo tanto con Diputaciones), aquellos salen perdiendo claramente con respecto a estos. Otra cosa es que no podamos seguir teniendo las Diputaciones que tenemos hoy en día, donde la mayor parte de su presupuesto se va en gasto corriente (sobre todo burocrático) y gasto de personal. Pero unas Diputaciones reformadas, convenientemente redefinidas, a muy juicio pueden ser tremendamente útiles para nuestra Administración Local. Y sobre todo si, como sucede en Alemania, por ejemplo, se dedican sólo a los pequeños y medianos Ayuntamientos, que son su razón de ser.
En fin, espero seguir intercambiado opiniones contigo y con quienes quieran, y espero haber sido meridianamente claro en mi exposición.
Te reitero mi agradecimiento y te mando un saludo.
Hola Alejandro, lamentablemente no soy, ni experto tecnico, ni experto academico en materia de financiación municipal. Solo soy un evaluador, medidor de sistemas de gestión y en relación al superavit de los ayuntaientos (Dios me libre de valorar la financiación local) si que me vienen a la cabeza noticias como la continua firma de convenios de la CCAA, esas que nunca tiene suficiente, con municipios para subvencionar ¿el 80, 60 %? de obras e instalaciones municipales.
Asi es facil tener superavit, y asi es facil que nunca tengas suficiente
Seguro que la solución esta en una adecuada financiación en función de las competencias, olvidandonos de los servicios de fidelización que los municipios se han ido encargando de crear, subvencionados por las CCAA e incluso el Estado. Aunque para mi la primera priedra de la reforma esta en no tener en España municipios menores de 20.000 e incluso 30.000 habitantes, con lo cual, tampoco las diputaciones son necesarias, a partir de ahi, miramos financiación para todos, que habremos conseguido una buena economía de escala para municipios, CCAA e impuestos ciudadanos
Un saludo