Open government (y lo siguiente)

Yo no sé si cumplir todo esto al mismo tiempo es posible, pero sí creo que vale la pena poner en valor estos principios y términos que en realidad son insólitos para el Derecho administrativo clásico. Quiero decir que está claro que debemos ser objetivos e imparciales (art. 103 de la Constitución), pero no estamos acostumbrados a ver en una norma palabras como “dedicación”, “ejemplaridad” y “honradez”.

Me gusta mucho lo de “ejemplaridad”. En tiempos de “conductas no ejemplares” y de subjetivización de lo público, recuerdo más que nunca las palabras que aprendí de Kant cuando estudiaba Filosofía del Derecho. Inmanuel Kant solo medía 1,49, pero su pensamiento era muy grande. Desarrolló su famoso imperativo categórico mediante tres formulaciones (o máximas):

1.- «Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal». Nos gusta más la traducción: «Obra de tal manera que tus actos pudieran ser tomados como un modelo de conducta»
2.- «Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio». O bien: «Obra de tal forma que tengas a las personas como fin, no como instrumento»
3.- «Obra como si, por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines». Yo lo traduciría como «Obra de forma que si tus actos fueran ley, se conseguiría el bien común para toda la Humanidad»

Sé que todo esto hoy en día parece ingenuo, y que el mundo moderno, mucho más caótico y subjetivo que el mundo de Kant, seguramente no da pie a modelos universales de conducta. Tampoco todo el mundo desea el bien común, y los que sí lo desean (o eso dicen), no lo hacen desde el mismo enfoque: ni en la definición de los problemas, ni en los fines ni en los medios. Por lo tanto toca sentarse a hablar y entenderse ya que, visto lo visto, ni Trump, ni Putin ni Kim Jong-un son precisamente modelos de conducta. Estas son cuestiones que no se pueden dejar en manos, ni siquiera, del mejor de los líderes. Gandhi, Luther King, Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, el mismo Kant, y todos los grandes líderes éticos murieron. Ahora la ética, la justicia, el bien común, el interés general, el buen gobierno… son o deben ser cuestiones mucho más participadas. ¿Open government? Rotundamente sí, aunque alguien debe moderarlo y tomar las decisiones en última instancia.

Esta año se va aprobar una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que incorporará las novedades del Reglamento Europeo, incluyendo todo un catálogo de derechos de los ciudadanos (en el que destaca el famoso “derecho al olvido”), y algunas obligaciones para las AAPP, que deberán tener, por ejemplo, un Delegado de Protección de Datos. Como bien sabemos no es ni mucho menos la única novedad legislativa importante que afecta a la Administración (y por lo tanto a la ciudadanía) en los últimos años. Pero todo está relacionado, porque esta protección de datos  deberá hacerse de modo compatible con la transparencia pública y con la propia apertura de los datos (Open Data), lo cual supondrá no solo un instrumento potencial para la participación ciudadana sino también un importante motor para las iniciativas emprendedoras. Se habla mucho de Gobierno abierto (Open Government), un tema esencial del que mucho hemos hablado en este blog, pero tenemos que empezar a hablar también de Open Innovation, que será el instrumento de la nueva colaboración de los particulares en lo público, y también de la nueva economía.

Precisamente esta Open Innovation, que es una expresión que también utiliza Borja Adsuara (obviamente entre otros), podría ser la aludida fase siguiente al Open Government. Paralelamente, el contexto socioeconómico es tecnológico mundial, un escenario que es la consecuencia de una globalización imparable, empezando por el ámbito europeo cuyo reto actual, más allá de la crisis y el brexit, es lograr el mercado único digital.

¿Qué tendría que hacer la Administración para llegar a este nivel de innovación y de calidad? Soy consciente de que puede entenderse como un modelo utópico de excelencia que transciende incluso los objetivos iniciales de las leyes que “simplemente” pretenden modernizar la Administración.

Quizá sea así, pero en realidad, en el fondo, estamos hablando de lo mismo: del servicio público. La Administración no solo debe ser transparente y publicar algunos documentos como el Presupuesto, sino que también deberá aperturar los datos. Y rendir cuentas. Ante estos estímulos la sociedad civil reaccionará, y mostrará no solo su opinión sino también lo que en términos comerciales se denomina “experiencia de cliente” (customer experience), la cual deberá ser tenida en cuenta a su vez por la propia Administración, que deberá practicar en todo momento una escucha activa. Lo público será cada vez menos institucional y más relacional, porque ya ningún ente individual está en posesión ni de la verdad, ni de la moral, ni del conocimiento absoluto, debiéndose crear un tablero de ajedrez en el que las piezas serán los políticos, los funcionarios, las empresas, las asociaciones, los estudiantes (sobre todo universitarios), los emprendedores… Que no se confunda participación o colaboración con dejadez en la gestión, y de forma particular que no se confunda la participación del sector privado con la privatización. Esto equivale a confundir el tocino con la velocidad, las churras con las merinas o la gimnasia con el magnesio.

En este caldo de cultivo innovador y colaborativo, surgirán los llamados territorios inteligentes (término que a su vez sustituye al de ciudades inteligentes), muy centrados en el medio ambiente, en los servicios asistenciales y en la tecnología como medio, no como fin, para mejorar la calidad de vida. Esta es la Administración que sobrevivirá, y no la de los trámites, certificados, licencias y registros, papeles que quedan afectados por la fehaciencia electrónica y muy “tocados” (seguramente con el tiempo “hundidos”) por tecnologías como blockchain. Falta un tiempo para que lleguemos a entender todo esto en la Administración, pero si no lo hacemos se caerá primero en la deslegitimación, y después en la desaparición parcial.