PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: LA GESTIÓN DE LO COMPLEJO

La puesta en marcha y desarrollo de un proceso de presupuestos participativos en una administración local pone sobre la mesa muchas cuestiones relacionadas con la gobernanza municipal que nos da idea de la magnitud y complejidad de la tarea.
Complejidad, entendida desde su primera acepción en el diccionario de la RAE, por su envergadura, por su dimensión, por la diversidad de agentes sociales y políticos implicados,…
La gestión de lo complejo puede devenir en complicada por la relativa novedad de esta forma de gestionar una parte del presupuesto municipal.  Si bien hace ya bastantes años que en diferentes ciudades, de diferentes continentes, se han puesto en marcha este tipo de experiencias, no existe un protocolo pautado de acciones a implementar para su adecuado desarrollo, y aun si existiera este debería adaptarse a las peculiaridades de la realidad de cada entidad local y su contexto socio-economico-cultural.
La gestión de lo complejo requiere un proceso a lo largo del tiempo.  No vemos con extrañeza que año tras año la puesta a punto de un coche de formula 1 requiera de numerosos ajustes, de pruebas de diferentes piezas, de cambios sobre la marcha en función de los resultados, todo ello realizado por diferentes equipos de trabajo que deben coordinarse entre si.  Los posibles fallos o desaciertos se utilizan como base y acicate para la mejora.  En el ámbito de las entidades locales la realidad es diferente.
Los tiempos en las administraciones públicas vienen marcados por las citas electorales y procesos ambiciosos, por su repercusión en la ciudad, que implican la coordinación de diferentes áreas, servicios, organismos y sociedades municipales requieren desde el minuto cero el consenso de la totalidad de los representantes políticos como paso previo a la coordinación de los diferentes agentes que intervienen en el plano técnico.  El éxito de estos procesos también requiere un consenso sobre las cuestiones básicas con el mayor número de agentes sociales y vecinales implicados.
Cuando estos consensos no se dan la gestión de lo complejo resulta muy complicada.
Estos consensos no son fáciles de alcanzar, requieren de voluntad y compromiso por todas las partes implicadas.
Sin entrar en la visión política que cada grupo municipal pueda tener sobre la forma mas adecuada de implementar un proceso de presupuestos participativos, existe un condicionante de partida que afecta a todos ellos.  Que un ayuntamiento decida que una parte de su presupuesto sea destinado a las actuaciones decididas por la ciudadanía a través de un proceso democrático supone una perdida de la capacidad de decisión de los responsables políticos y de los gestores técnicos.  Dejar en manos de la ciudadanía la decisión supone que lo que se decide hacer ya no obedece a directrices políticas del gobierno de la ciudad, ni del pleno de la corporación, así mismo pueden quedar sin aplicarse algunos criterios técnicos de priorización de actuaciones o de idoneidad de las mismas.  Obviamente estas cuestiones pueden generar resistencia políticas o técnicas.
Esta cesión de capacidad de decisión por parte de quien ostenta el poder en el ayuntamiento, fruto de la representatividad obtenida electoralmente, puede ser percibida por parte de las entidades sociales y vecinales como una oportunidad para influir en las decisiones sobre cuestiones de su barrio o de la ciudad, sobre la base de su conocimiento de la realidad y de la representatividad que le dan las personas  asociadas en cada entidad.
Esto introduce un nuevo vector de tensión en los procesos que colocan la capacidad de la decisión en la ciudadanía directamente a través de procedimientos de democracia directa. Puede ocurrir que la opinion mayoritaria sobre la actuación a acometer con cargo a los presupuestos participativos no coincida con la que una determinada asociación pueda considerar prioritaria, al igual que puede entrar en confrontación con una determinada linea de actuación política del consistorio.
Además podemos señalar como otro elemento de tensión las posibles disfunciones entre los necesarios criterios de viabilidad técnica de las propuestas y la opinión fundada en el conocimiento de la realidad sobre el terreno que pueda tener la ciudadanía tanto a nivel individual como colectivamente desde la visión asociativa.
No cabe duda que la tarea es compleja, no la hagamos complicada.  Ojala seamos capaces todos los agentes implicados de contribuir al ajuste de todas las piezas que nos permitan construir un formula 1 competitivo con opciones de ofrecer a la ciudadanía una posibilidad real de decidir sobre una parte de la gestión municipal.