¿Puede un Municipio adquirir bienes por vía de donación, sucesión o herencia? I

¿PUEDE UN MUNICIPIO ADQUIRIR BIENES POR VIA DE DONACIÓN, SUCESIÓN O HERENCIA? I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Esta es otra de esas tantas veces donde se reseña lo sucedido durante un ejercicio académico universitario para dejar un material de provecho a futuro tanto para docentes, estudiantes y otros interesados sobre estos temas.

Para responder la interrogante es preciso hacer algunas consideraciones.

Como quiera que se infiere su relación con la administración financiera del Municipio, pues involucra el manejo de derechos con contenido patrimonial, se parte de ella para fines pedagógicos y producir la reflexión que gira en torno a la pregunta que titula estas líneas.

Siguiendo las enseñanzas de Germán Acedo Payarez en su libro “Régimen Tributario Municipal”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1999; entendido como actividad – según cita – como lo define la ciencia económica, la acción que tiende a organizar y emplear medios en forma tal que se obtenga de ellos el máximo provecho posible.

Partiendo de esa noción del profesor Acedo es notorio que el Estado – en todos sus niveles – ejecuta actividades para procurarse de medios económicos lo cual comprende una amplia gama – como la tributación o administración de sus bienes – con miras a su sostenimiento lo que pasa también por dar respuesta encausada a las necesidades sociales comunes.

Esta idea es coincidente con la de Manuel Matus Benavente en el libro “Finanzas Públicas”, Colección de Estudios Jurídicos y Sociales Nº 24, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tercera edición, Santiago de Chile, Chile, 1964; lo refiere como actividad financiera del Estado y especifica que se trata de aquella desplegada para procurarse bienes con los que ha de satisfacer necesidades públicas

La opinión de ambos autores da idea que no se trata de una situación novedosa pero que está en vigencia con los tiempos que corren y tampoco da muestras que cesará en lo inmediato.

Revisando el ordenamiento nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), al regular lo concerniente con los municipios, señala que es la unidad política primaria de la organización interna del país, goza de personalidad jurídica, pudiendo crear, recaudar e invertir sus ingresos.

Encarga al legislador nacional para el desarrollo de estos principios, lo cual se cumple con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), pues norma lo tocante con su autonomía, control, funcionamiento, gobierno y organización. Establece que la administración financiera está conformada por los sistema de bienes, contabilidad pública, planificación, presupuesto y tributario.

Otros instrumentos jurídicos que perfilan las acciones que despliega el ámbito local en este campo son el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (DLOAFSP, 2015) y los de sus integrantes – en el caso que existan – como sucede con bienes públicos, planificación y tributario.

En cuanto a la materia de bienes públicos, se aprobó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (DLOBP, 2014), donde se despliega la aplicación de la noción de sistema mencionada por la (LOPPM, 2010) y el (DLOAFSP, 2015); se encuentra comprendido por el conjunto de principios, normas, órganos, entes y procesos que permiten ordenar de manera integral, coherente, la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.

Si bien los municipios forman parte del sistema de bienes como se expuso, aunque respetando su autonomía, es pertinente que los preceptos locales aprobados permitan la coordinación respectiva, toda vez que tienen también que interactuar con el sistema de control – cuya rectoría corresponde a la Contraloría General de la República – que tiene como mandato la vigilancia, fiscalización sobre los ingresos, gastos y bienes, al igual que las operaciones relativas con estos; resulta oportuno recordar que en el Municipio debe existir una Contraloría Municipal que ejerce estas tareas sin restar autonomía ni la competencia del órgano legislativo.

Por disposiciones tanto constitucionales como legales compete al Alcalde ser el administrador de la hacienda pública municipal, lo que incluye – como se apuntó – los bienes.

– ¿Cuáles son los bienes que califican para ser considerados como Públicos según el (DLOBP, 2014)?

Encuadran los muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos de dominio público o privado de los órganos y entes oficiales, como también las herencias vacantes; los bienes y mercancías objeto de comiso, las que se declaren abandonadas o los que sean puestos a la orden del Tesoro.

En aras de la coherencia legislativa, existe una norma en términos mandatorios para los municipios que pauta sobre el ejercicio de la administración patrimonial, lo cual deberá ser de manera planificada con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, celeridad, solvencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, equilibrio fiscal; coordinadamente con los poderes nacional y estadal.

Completando estos conceptos, si bien da margen de maniobra para que las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales regulen esta materia, se define lo que son los bienes municipales; al respecto expresa que son los

(i) muebles e inmuebles que por

(ii) cualquier título formen parte del patrimonio del Municipio,

(iii) o aquellos destinados en forma permanente a algún establecimiento público o servicio públicoo algún ramo de su administración, salvo disposición o convenio expresos en contrario.

– ¿Existe alguna clasificación de los bienes públicos municipales?

– Efectivamente, los divide en bienes del dominio público y del dominio privado, como ocurre con la prevista por el Código Civil Venezolano (1982).

Por otra parte, el legislador venezolano acoge también la clásica de bienes muebles e inmuebles, lo que se evidencia tanto en la (LOPPM, 2010), el (DLOBP, 2014) como en este Código.

– ¿Qué son los bienes muebles e inmuebles?

– Tanto la doctrina como el Código Civil Venezolano (1982) indican que son muebles aquellos que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por fuerza exterior. Mientras que, por interpretación en contrario, los cuerpos que no pueden desplazarse ni ser inmediatamente desplazados son inmuebles.

Ejemplos de los primeros son los automóviles, naves, aeronaves, materiales provenientes de una demolición o los reunidos para construir una edificación (sin que sean incorporados o adheridos a la estructura), acciones societarias. De los segundos se encuentran minas, galpones, apartamentos, frutos y árboles (mientras no sean separados del suelo), hipotecas.

El maestro Gert Kumerow en su libro “Bienes y Derechos Reales”, Ediciones Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, 1969; nos enseña que – de cada una de las clasificaciones existen otras derivaciones – así como como la fundamentación lógica y legal; una de las aplicaciones de ella se refiere a la publicidad registral de los bienes.

Cuando una persona pública o privada adquiere un inmueble (un terreno, por ejemplo) debe inscribirlo en la Oficina de Registro Público, de conformidad con el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Registro Público y Notariado (2014), ya que estas dependencias ponen orden para asegurar la eficacia de las transacciones.

Allí se insertan esas operaciones pues permite el tráfico legítimo inmobiliario brindando seguridad jurídica, por ser un mecanismo que busca proteger contra fraudes, al punto que los Registradores dan fe pública y en ejercicio de la potestad certificatoria permiten que los contratantes puedan gravarlos o disponer de ellos siguiendo las pautas pertinente.

Tan importante ha sido para el legislador en los últimos tiempos que se han aprobado – sin indicar prelación ni vigencia – leyes como Contra la Estafa Inmobiliaria (2012), la que Regula y Fomenta la Multipropiedad y Sistema de Tiempo Compartido (1995), Ley de Propiedad Horizontal (1983), Ley de Venta de Parcelas (1983), Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (que engloba el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat) (2012), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, entre otras.

Inclusive cuando el Estado hace uso de la potestad expropiatoria comunica – en los casos de inmuebles – a la Oficina Registral para que se haga del conocimiento general, además de la publicación en la Gaceta Oficial correspondiente (República, estado, municipio), debiendo realizar los asientos respectivos, pues ya – una vez decretada la expropiación – no podría ser objeto de una venta o hipoteca a otros particulares ni entidad oficial.

A ello se suma la legislación sobre arrendamientos que si bien no se inscriben en las oficinas registrales, se conducen hacia las notariales, lo que pasa previamente por su elaboración escrita; la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (2011), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (2000), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para el uso comercial (2014), dan cuenta de ello.

En materia de urbanismo y ordenación, tanto territorial como urbana, permite conocer diversos aspectos como el inventario físico de inmuebles, uso, datos de identificación, data de adquisición, gravámenes, entre otros; leyes (sin indicar vigencia ni prelación) como la de Geografía, Cartografía y Catastro nacional (2000), Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), Ley Orgánica de Ordenación del Territorio (1983), Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987), Ley de Tierras Urbanas (2009), entre otras, se relacionan con estos aspectos.

Siguiendo al maestro Kumerow (Ob. Cit.) la necesidad de dotar de certeza ciertos aspectos jurídicos y de hacer posible a terceros el conocimiento de esos negocios, siendo de consideración especial los que transfieren el dominio y la constitución de garantías, se ha ido extendiendo la tendencia a ciertos bienes muebles, como ocurre con los vehículos automotores en la Ley de Transporte Terrestre (2008), naves en la legislación acuática y la aeronáutica, entre otros.

Cuando alguno de los bienes mencionados están en manos de organismos públicos debe cumplirse, además de las regulaciones específicas, las del (DLOBP, 2014) para efectos de seguimiento y control de su administración.

Otra aplicación se refiere al orden procesal, ya que desde el punto de vista judicial, existen normas de ineludible cumplimiento, so pena de nulidad de las actuaciones, por ser la competencia elemento de orden público.

En otra oportunidad se tratarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

0 Comentarios

Contesta

Licencia Creative Commons Red Social NovaGob, (cc) 2020.

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

o    

¿Olvidó sus datos?

Create Account