El reciente cierre de “tuderechoasaber”, sobre el cual ha escrito Miguel Blanes La Ley de Transparencia provoca el cierre de tuderechoasaber y el conocimiento de la brecha existente entre los accesos al Portal de Transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información requieren una reflexión acerca de por qué tras tantos años sin una normativa que desarrollase este derecho constitucional, los ciudadanos no hacen uso de él, pues un derecho que no se ejerce es como un derecho que no existe.
La prueba empírica de esta realidad la ofrece el propio Consejo de Transparencia en el balance del primer año de vigencia de la Ley, al indicar la relevante diferencia existente entre el recurso ciudadano a la publicidad activa y a la publicidad pasiva, como lo demuestra el funcionamiento del Portal de Transparencia, que, en el 2015 ha llegado a colgar más de 850.000 datos, ha recibido 4.462.957 visitas y, sin embargo, sólo ha recibido 3.758 solicitudes de información. Una brecha absolutamente desproporcionada.
En el marco de esta reflexión intentaré exponer, desde la experiencia y sin perjuicio de las múltiples razones concurrentes, los factores más relevantes para explicar esta situación, pues para ofrecer soluciones primero será necesario diagnosticar el origen del problema:
1.- Desconocimiento
No sabemos que se puede preguntar. No sabemos qué (con acento) se puede preguntar. No sabemos cómo preguntar y no sabemos cómo reaccionar ante la falta de respuesta o ante la denegación del acceso a la información solicitada. ?
La identificación general de la transparencia se produce con un Portal de Transparencia en el que existe información a libre disposición (en especial los aspectos patrimoniales y retributivos de los responsables públicos). De este modo se ha trasladado el foco de atención a la publicidad activa, olvidando la relevancia de la publicidad pasiva. ¿Culpables? Todos. Administraciones, responsables públicos, empleados públicos, medios de comunicación y también los propios ciudadanos.
2- Dificultades administrativas
A pesar de la amplitud con la que la Ley define el derecho de acceso, su ejercicio constituye una auténtica carrera de obstáculos. Causas de inadmisión, límites y protección de datos, acceso parcial, son actores invitados al procedimiento de acceso que, en función de cómo se interpreten y apliquen, pueden vaciar de contenido el derecho a la información.
A estas circunstancias debe añadirse lo que, en mi opinión, constituye un anomalía en el funcionamiento de la administración pública pero que se ha convertido en toda una institución de nuestro sistema: el silencio administrativo. Que en este caso se impone en sentido negativo, por lo que la administración tiene en sus manos un recurso fácil, dar la callada por respuesta.
3.- Dificultades tecnológicas
Uno y mil clicks, redireccionamientos en bucle infinito, páginas que se cuelgan, formularios interminables e incomprensibles, exigencia de certificado electrónico…etc, La variedad de dificultades tecnológicas en el acceso es infinita, perfectamente expresadas por Sergio Jiménez en su quirúrgico análisis de la experiencia en la Comunidad de Madrid.
Más allá de las deficiencias en el diseño de las herramientas tecnológicas, una de las mayores críticas se produce por la exigencia de firma electrónica. A pesar de que la Ley sólo exige la identificación del solicitante, aspecto que cobra especial importancia en el ejercicio electrónico de este derecho. Esta obligación sitúa a los ciudadanos, a las personas físicas, en la obligación de disponer de un certificado electrónico, que, en muchos casos, constituye una dificultad insalvable, por lo que acabarán optando por la presentación en papel o, en la mayoría de las ocasiones, a desistir de su pretensión.
4.-Desconfianza
¿Para que?
Subyace en esta desidia ciudadana una total falta de credibilidad de la eficacia real de este derecho. Los ciudadanos se preguntan ¿para qué voy a preguntar? total, no me van a responder y si me responden me van a engañar, o mejor dicho, no me van a decir toda la verdad.
Se trata de una manifestación más de la falta de legitimidad y de la crisis de confianza en las instituciones. En ocasiones, el enemigo está dentro. Los propios responsables públicos e incluso empleados son los que convencen al ciudadano de que es mejor no preguntar. La esterilidad del esfuerzo y la desconfianza, constituyen un potente elemento desincentivador.
Además, en el ámbito local esta reticencia tiene especial impacto, en el que la cercanía y proximidad de la ciudadanía a los responsables públicos adquiere notas subjetivas, todos saben quién es quién y sin que sea extraño que se interpele directamente por la finalidad que se pretende dar a la información o las razones que obedecen a su solicitud, aunque la LTBG no exija motivación alguna, llegando incluso a recriminar la presentación de solicitudes de información.
Efectuado el diagnóstico ahora se trata de ofrecer soluciones. Será en “El derecho a saber”(II). Propuestas de mejora para su eficacia
[…] un reciente post Mª Concepción Campos Acuña hacía una reflexión acerca de por qué se pregunta poco. Viendo muchos de sus argumentos importantes (de hecho, aquí ya hemos trabajado sobre los […]
Comparto plenamente tu «sensación», Marta de Miguel Esponera, y al hilo, identificados algunos porqués no estaría de más analizar los cómos, ¿cómo transformar un modelo de sociedad pasiva en un modelo de sociedad implicada en los asuntos públicos? ¿Es el modelo de transparencia la primera semilla para ello, o tal vez termine malogrado en nuestro contexto sociológico y político? ¿Amenazas?
Un saludo,
Mi sensación es que la razón real por la que el derecho de acceso es minoritario tiene una raiz más sociológica que administrativa. Me explico.
No creo que el problema sea ni la identificación electrónica (que es un problema) ni el silencio administrativo. Digo esto porque hay comunidades autónomas como Aragón donde el silencio es positivo y multitud de portales de transparencia donde no se exige una identificación electrónica para hacer peticiones de información. En estos casos el índice de peticiones también es muy bajo.
Mi sensación es que el ciudadano hace las peticiones cuando lo necesita, cuando obtener la información le resuelve un problema o una necesidad. En ese caso, sí hay peticiones. Nosotros hemos recibido peticiones para proyectos de investigación, para realizacón de informes, etc..
La demanda ciudadana de una mayor transparencia queda en el terreno del activismo, de las organizaciones civiles, pero la realidad es que España no es un país de activistas por eso no hay un gran número de peticiones de ese tipo.
El análisis del bajo número de peticiones de acceso debe ir de la mano del uso, también bajo, de los portales de datos abiertos. En ambos casos creo que el problema está en que no estamos resolviendo una necesidad demandada por el ciudadano, sino conformando un modelo futuro de sociedad crítica, implicada y activista que quizá hoy no sea real.
Desde luego una de las acciones fundamentales en las que se expresaría este «compromiso de las instituciones» por el tema sería las campañas de difusión del derecho más allá del mero banner en el portal de transparencia o similares.
Hola Julio
Efectivamente en el análisis de esta realidad resulta completo acotar todos los factores con impacto, y coincido contigo en que uno de los pilares fundamentales para un adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información y alcanzar un funcionamiento tranpsparente de las AAPP es necesrio un verdadero compromiso de la organización, tanto a nivel político como administrativo.
Esperemos que poco a poco continuemos avanzando entre todos.
Permítame un apunte, entiendo que nos situamos en general en una pregunta sobre las AAPP en la primera o a lo sumo segunda fase de la hoja de ruta para avanzar en transparencia (Alorza), y aunque puede inferirse esto que digo a continuación de la ‘desconfianza en las instituciones’ que apuntas en el post, también pienso que hay una falta generalizada de voluntad y compromiso político a largo plazo y cierta insuficiencia directiva para liderar una transformación que empodera al ciudadano frente a las AAPP.
Me explico, opino que se teme pasar de la exactitud y certeza de un sistema de poder dirigido por expertos tecnócratas que se mueven en una zona de confort dominada por la estabilidad, jerarquía y previsibilidad de las políticas públicas, a un sistema de dirección de los asuntos públicos en asamblea (electrónica) donde reinaría la incertidumbre y por ende, afectaría a los sistemas de gestión de la cosa pública.